El Concejo Deliberante de la ciudad de Formosa atravesó una extensa sesión marcada por diferencias políticas y procedimentales. Bajo la presidencia de Darío Di Martino, el cuerpo trató homenajes, condonaciones y exenciones tributarias para vecinos vulnerables, además de pedidos de infraestructura y servicios. La tensión creció durante el debate de varios expedientes impulsados por la oposición y alcanzó su punto máximo con la discusión sobre la apertura de una plaza en el barrio Lisbel Rivira.
Los bloques de La Libertad Avanza presentaron iniciativas vinculadas con espacios verdes, perfilado, relleno y compactación en la Urbanización España, y una intervención vial sobre la calle Entre Ríos hasta el acceso al Lote 15. También aparecieron propuestas institucionales: un Sistema de Presupuesto Municipal Abierto y Recibo del Contribuyente, identificado como expediente B-14/26, y la adhesión a un régimen de transparencia fiscal al consumidor mediante el expediente B-38/26. La sesión combinó así demandas barriales con discusiones sobre información pública.
El conflicto principal se concentró en el expediente B-11/26 sobre la plaza del Lisbel Rivira. Mattía Cánepa Nemen pidió tratamiento preferencial, con o sin despacho, para la sesión siguiente. Cuestionó que una obra iniciada en 2023, con un plazo original de 150 días, todavía no estuviera habilitada. Su intervención atribuyó la demora a tiempos políticos y sostuvo que los vecinos no debían esperar una inauguración formal para utilizar un espacio que considera público.
Desde el oficialismo, la concejal Gamarra reclamó llevar la cuestión a votación y rechazó que el municipio pudiera ser intimado a abrir una obra de la cual, según explicó, no es el ente ejecutor. También invocó etapas técnicas y administrativas como ejecución, prórrogas, recepción provisoria y garantía. Su argumento fue que una apertura antes de completar condiciones de seguridad podría poner en riesgo a los usuarios. La controversia enfrentó urgencia vecinal con responsabilidades formales sobre una obra aún no recibida.
La disputa se extendió a la conducción del debate. Cánepa se retiró del recinto, pero los demás integrantes de LLA permanecieron en sus bancas y la sesión continuó hasta completar el temario. Una vez terminada, el concejal y Di Martino intercambiaron reproches fuera del recinto. El episodio mostró que la fractura no fue solamente entre oficialismo y oposición: la decisión de retirarse tampoco fue acompañada por todo el espacio libertario, lo que agregó una diferencia táctica interna.
Ninguno de los cruces resolvió el estado material de la plaza ni estableció una fecha de apertura. Para determinar responsabilidades se necesita identificar al organismo ejecutor, el avance certificado, eventuales prórrogas, recepción y condiciones de seguridad. Del mismo modo, los proyectos de transparencia y obras barriales deben distinguirse según su etapa: presentación, reserva, despacho, preferencia, votación o ejecución. Tratar todas esas instancias como decisiones consumadas produciría una imagen incorrecta del trabajo legislativo municipal.
La jornada dejó una agenda sustantiva eclipsada por el enfrentamiento. Hubo expedientes tributarios, viales, barriales y de transparencia, pero la imagen dominante fue el retiro de Cánepa y su choque con Di Martino. El desafío institucional será recuperar el contenido de las propuestas y publicar el recorrido de cada expediente. Actas, votaciones, despachos y estados de obra permitirían reducir el espacio para acusaciones contradictorias. También facilitarían que los vecinos del Lisbel Rivira conozcan qué requisito impide la apertura y qué autoridad debe cumplirlo. La oposición busca acelerar respuestas y exhibir demoras; el oficialismo defiende procedimientos y atribuciones. La eficacia del Concejo dependerá de convertir esa disputa en decisiones verificables para los vecinos. La próxima sesión mostrará si el expediente recibe la preferencia solicitada o vuelve a quedar pendiente en comisión. Ese dato deberá quedar disponible para control público.
