Un proyecto de Ficha Limpia impulsado por el bloque de La Libertad Avanza abrió en la Legislatura de Santiago del Estero una discusión que excede la prohibición de candidaturas para personas condenadas. La iniciativa combina un filtro penal con certificados, declaraciones juradas y estudios toxicológicos, y pretende alcanzar tanto a los cargos electivos provinciales y municipales como a la conducción partidaria en el distrito.
El núcleo de la propuesta es la inhabilitación de precandidatos y candidatos que tengan una condena por delitos graves confirmada por un tribunal revisor. No se exigiría que la sentencia haya agotado todos los recursos extraordinarios: la restricción comenzaría con esa segunda revisión y se mantendría hasta una eventual revocación posterior o hasta el cumplimiento de la pena. El texto vincula el criterio con delitos de corrupción y otras conductas que considera incompatibles con la función pública.
La amplitud del régimen se advierte en la enumeración de cargos. Comprende las fórmulas para gobernador y vicegobernador, diputados provinciales, convencionales constituyentes, intendentes, concejales, comisionados municipales y los demás puestos electivos del orden provincial o local. También alcanza a quienes aspiren a ocupar autoridades partidarias con actuación en Santiago del Estero, de modo que el control no se limita a las listas que finalmente llegan a una elección.
Para convertir esa prohibición en un procedimiento verificable, los partidos, frentes y alianzas deberían acompañar cada postulación con un Certificado de Antecedentes Penales vigente y una declaración jurada que asegure que la persona no está comprendida en las causales de inhabilitación. El Tribunal Electoral Provincial controlaría la documentación al momento de oficializar las listas, una instancia decisiva porque allí se resolvería si cada nombre puede competir.
El proyecto añade un requisito diferente al de las condenas: estudios médicos firmados por profesionales que declaren que los postulantes no consumen estupefacientes ni psicotrópicos prohibidos. Si existiera un pedido fundado, la autoridad podría ordenar un nuevo examen, resguardando la intimidad de la persona. Un resultado positivo impediría la candidatura durante ese período electoral y dejaría a salvo la eventual responsabilidad penal, mientras el Tribunal Electoral quedaría a cargo del control.
Marcelo Figueroa, presidente del bloque libertario, encuadró la iniciativa en la política nacional de promover normas de Ficha Limpia y reformas electorales también en las provincias. La propuesta recoge ese impulso, pero le incorpora una arquitectura propia: no solo fija el momento procesal que activa la exclusión, sino que obliga a las fuerzas políticas a reunir documentación previa y suma un control sanitario que ampliará el debate sobre el alcance de la idoneidad exigida.
Los municipios con carta orgánica serían invitados a adherir y adecuar sus regímenes electorales, por lo que una eventual aprobación provincial no cerraría el proceso. El próximo paso es que la Cámara de Diputados incorpore el proyecto a su agenda y defina su tratamiento, presentado por sus autores como inminente pero todavía sin una fecha de sesión confirmada. Allí deberá resolverse si el doble filtro propuesto conserva su redacción y cómo será aplicado por la autoridad electoral.
