El sector de Omar Perotti tomó la iniciativa en la discusión electoral santafesina el 24 de junio de 2026, cuando presentó un proyecto propio antes de que la coalición oficialista Unidos pudiera cerrar una posición común. La nueva Constitución había modificado criterios de representatividad y obligaba a la Legislatura a dictar otra ley electoral, pero las diferencias dentro del frente de Maximiliano Pullaro dejaron un espacio que el exgobernador buscó ocupar con una propuesta integral.
El texto fue impulsado por diputados ligados a Perotti y recibió el acompañamiento de Miguel Rabbia, integrante del armado de Marcelo Lewandowski, y de Lucila De Ponti, del Movimiento Evita. El perottismo esperaba que Pullaro convocara institucionalmente a los partidos para discutir las reglas, aunque hasta ese momento no había recibido una invitación. Unidos se había dado plazo hasta comienzos de julio para retomar conversaciones, con la aspiración de tratar y aprobar una norma en agosto.
La principal división oficialista giraba alrededor de la relación entre las candidaturas ejecutivas y legislativas. Un sector del pullarismo quería unir en una misma papeleta al candidato a gobernador con la lista de diputados provinciales e impedir que compitieran nóminas legislativas independientes. Socialistas y dirigentes del PRO rechazaban ese diseño. Como alternativa, la coalición analizaba mantener boletas separadas en las PASO y vincular gobernador con diputados, e intendente con concejales, solamente en la elección general.
La iniciativa perottista tomó otra dirección. Propuso conservar la Boleta Única de Papel con cinco papeletas separadas para gobernador, senadores, diputados, intendentes y concejales, y ratificó la continuidad de las PASO obligatorias. Para acceder a la elección general, cada fuerza debía superar el 1,5% del padrón correspondiente. El mecanismo mantenía la autonomía visual de cada categoría y evitaba que una candidatura ejecutiva arrastrara automáticamente todas las listas legislativas.
En el reparto de bancas mediante el sistema D'Hondt, el proyecto fijó un umbral de 3,5%, inferior al 5% que promovían sectores del oficialismo y algunos senadores justicialistas encabezados por Armando Traferri. A la vez, exigió candidaturas integrales: una fuerza no podría presentar diputados sin fórmula de gobernador y vice, ni listas de concejales sin candidato a intendente cuando las elecciones coincidieran. La combinación buscaba facilitar el acceso al reparto sin admitir estructuras electorales incompletas.
La cláusula de mayor impacto apuntó a los cambios de bloque después de una elección. Los cargos pasarían a considerarse pertenecientes al partido o frente que postuló al candidato; si un legislador rompía deliberadamente con ese espacio, perdería la banca y sería reemplazado por la persona siguiente de la lista. La norma respondía a antecedentes concretos en la Legislatura, entre ellos la salida de tres diputados del bloque de Amalia Granata durante el mandato en curso.
El proyecto completó el esquema con un Tribunal Electoral integrado por jueces sorteados del fuero contencioso administrativo, debates obligatorios entre candidatos a gobernador y mecanismos para observadores electorales. La presentación obligó a Unidos a discutir sobre un texto ya registrado mientras intentaba resolver sus propias diferencias. El paso siguiente quedaba en la convocatoria de Pullaro y en la capacidad del oficialismo de acordar una propuesta antes del calendario previsto para agosto, cuando la Legislatura debía convertir la reforma constitucional en reglas aplicables.
