El Gobierno comenzó a ordenar la campaña de reelección de Javier Milei cuando falta más de un año para 2027. El punto de partida es menos cómodo que al comienzo del mandato: las mediciones internas muestran que se detuvo el deterioro de la imagen presidencial y que La Libertad Avanza conserva un piso cercano al 30%, pero el rechazo supera la aprobación. Ese equilibrio obliga al oficialismo a preparar una competencia en la que no alcanzará con reproducir el impulso antisistema de 2023.
Milei dejó de ocupar el lugar del dirigente ajeno a la política tradicional. La incorporación de cuadros con trayectoria estatal, muchos procedentes del PRO, y los escándalos que afectaron al Gobierno debilitaron las banderas contra la “casta” y de superioridad moral. La consecuencia electoral es concreta: ante la posibilidad de un balotaje, la Casa Rosada necesita ampliar alianzas y, al mismo tiempo, evitar que una candidatura de centroderecha divida el voto que hoy acompaña al Presidente.
Los gobernadores aparecen como el primer puente para esa ampliación. La imagen de trece mandatarios junto a Milei en Tucumán, frente a los tres que habían asistido un año antes, mostró una disposición al diálogo que el ministro del Interior, Diego Santilli, busca convertir en acuerdos bajo la supervisión de Karina Milei. Los jefes provinciales plantean dos demandas: recursos para sus administraciones y una intervención limitada de La Libertad Avanza en las elecciones locales, donde varios intentarán reelegirse o asegurar la continuidad de sus espacios.
La reforma electoral es la principal moneda de negociación, aunque también expone las diferencias. El oficialismo evalúa terminar con las PASO y permitir colectoras en la boleta única de papel, de modo que candidatos provinciales a legisladores nacionales puedan adherir a la postulación presidencial de Milei. Algunos gobernadores ven allí una vía para proteger sus estructuras, pero otros asocian el mecanismo con la ley de lemas y rechazan multiplicar las listas vinculadas a una misma candidatura superior.
Tampoco existe una posición común sobre las primarias. Raúl Jalil volvió a pronunciarse contra las PASO, Osvaldo Jaldo quiere conservarlas y Alfredo Cornejo analiza una decisión distinta para Mendoza y para la elección nacional. A esa dispersión se agrega la intención de varios mandatarios de separar sus comicios de octubre y votar entre abril y mayo. El objetivo es asegurar primero el control provincial y negociar después el respaldo presidencial desde una posición menos vulnerable.
El vínculo con la Casa Rosada variará según cada territorio. Radicales como Leandro Zdero enfrentan amenazas competitivas en sus distritos; los espacios de Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck responden a tradiciones provincialistas; y los oficialismos de Misiones y San Luis exhiben fracturas que La Libertad Avanza podría aprovechar. En el extremo opuesto, el peronismo encabezado por Axel Kicillof procurará sostener las primarias y bloquear el regreso de las colectoras.
Mientras Milei busca ordenar esa red, dentro del propio universo oficialista crece una disputa por su herencia. Victoria Villarruel mantiene contactos con enviados provinciales desde el Senado y utilizó su visita a Tucumán para defender la industria local y promover la ley de biocombustibles. Patricia Bullrich también conserva aspiraciones para 2027 y aparece, junto con Kicillof, entre las figuras con menor rechazo en una medición de Management & Fit. Ambas intentan construir autonomía sin romper todavía con el liderazgo presidencial ni con el poder electoral de Karina Milei.
El cierre de esa arquitectura dependerá del frente económico. Una medición ubica la imagen positiva de Milei en 37% y registra que 44% prefiere mantener el modelo, aunque el Gobierno perdió apoyo durante los últimos meses. La acumulación de reservas busca despejar los vencimientos de 2026 y parte de 2027; el desafío pendiente es trasladar la mejora macroeconómica a la vida cotidiana. Si ese puente no aparece, el Presidente llegará a la elección sin el atractivo del outsider y obligado a cerrar los acuerdos provinciales, definir las reglas electorales y contener una sucesión que ya empezó a moverse.
