El gobierno de Martín Llaryora llevó a la Legislatura de Córdoba en diciembre de 2025 un nuevo Código de Convivencia que combinó tres decisiones de fuerte impacto cotidiano: prohibir el cobro informal de cuidacoches, impedir la actividad de limpiavidrios en los semáforos y multar a los responsables de niños que incumplieran el calendario obligatorio de vacunación. La iniciativa amplió las herramientas de intervención de la Policía provincial y expresó un endurecimiento político después de la derrota electoral sufrida por el oficialismo cordobés en octubre.
La prohibición distinguió entre dos formas de cuidado de vehículos. Los trabajadores habilitados por la Municipalidad, con tarifa fijada y actividad dentro de zonas de estacionamiento medido, quedaron fuera de la sanción. El cambio alcanzó a los cuidacoches informales conocidos como “naranjitas”, que hasta entonces podían recibir un pago voluntario y que, con la nueva norma, ya no podrían desarrollar la actividad ni exigir un monto por vigilar un automóvil.
El Gobierno apoyó esa modificación en los conflictos registrados durante el año. La Policía había detenido a 350 naranjitas por peleas o por intentar cobrar una suma fija, y el Ejecutivo extendió el mismo criterio a quienes limpiaban parabrisas en esquinas con semáforos. El problema dejó así de abordarse caso por caso mediante contravenciones y pasó a resolverse con una prohibición general cuya aplicación quedaba bajo responsabilidad policial.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, se convirtió en el principal rostro de la reforma. Su consigna de que el orden público y la paz social no se negocian encontró en el Código una traducción concreta, pero también una plataforma política: el malestar por los cuidacoches era especialmente intenso entre sectores medios altos y altos que habían retirado su apoyo al peronismo provincial. La medida, por eso, vinculó la política de seguridad con la construcción de una candidatura hacia 2027.
El proyecto debía comenzar a debatirse un viernes y el oficialismo esperaba reunir una mayoría para sancionarlo el lunes siguiente. La discusión no enfrentaba solamente al Gobierno con la oposición, porque varios legisladores opositores habían presentado iniciativas similares y disputaban la autoría del giro punitivo. La cuestión central era quién capitalizaría una demanda de orden que atravesaba a distintos bloques y qué alcance tendrían las nuevas facultades de la Policía.
La otra innovación fue la multa vinculada con la vacunación infantil. El ministro de Salud, Ricardo Pieckesteiner, explicó que la sanción buscaba recuperar el cumplimiento del calendario obligatorio y no perseguir posiciones ideológicas. Córdoba tomó como referencia una norma promovida en Mendoza por Alfredo Cornejo, aliado radical de Javier Milei, y trasladó una obligación sanitaria al mismo instrumento contravencional que regulaba el uso del espacio público.
El tratamiento coincidió, además, con una controversia legislativa por la designación de procuradores penitenciarios, cargos vitalicios ubicados en la franja salarial más alta del Estado provincial. Entre las personas impulsadas aparecía Florencia Degano, colaboradora del radical Julio Ochoa. La votación del Código debía definir si el oficialismo lograba separar ese conflicto de la agenda de seguridad y convertir las prohibiciones en una política aplicable; después de la sanción, el examen decisivo quedaría en la actuación concreta de la Policía.
