En Flores, el problema de la basura comienza antes de que pase el camión. En el corredor comercial de la avenida Avellaneda y Felipe Vallese, buena parte de los locales mayoristas abre temprano y cierra entre las 16 y las 18. Cuando bajan la persiana, el horario oficial para disponer los residuos todavía no empezó. Si dejan bolsas o cartones al terminar la jornada, se exponen a multas y clausuras; si esperan hasta las 19, deben mantener personal o regresar a un comercio que ya terminó su actividad.
La norma porteña establece que los residuos deben colocarse dentro de los contenedores entre las 19 y las 21, todos los días excepto los sábados. El criterio procura reducir el tiempo que la basura permanece en la calle y coordinar su disposición con la recolección nocturna. El conflicto aparece cuando ese esquema uniforme se aplica a zonas cuya dinámica comercial concluye varias horas antes.
Comerciantes de las comunidades china y coreana aseguran que las sanciones pueden superar el millón de pesos y que algunos locales permanecen más de una semana cerrados hasta completar los trámites de reapertura. No se trata de una norma escrita específicamente contra esas colectividades, pero sus horarios de trabajo hacen que el impacto sea especialmente gravoso. Una regulación igual para todos puede producir efectos desiguales cuando desconoce cómo funciona cada actividad.
Horacio Rodríguez Larreta recogió ese reclamo y cuestionó el uso de la clausura como primera respuesta. “Sacar la basura o retirar los residuos es un servicio. No se puede clausurar a los comerciantes que deberían ser beneficiarios del servicio”, sostuvo ante comerciantes chinos y coreanos. Al escuchar los montos de las multas y los días sin poder abrir, fue más directo: “Eso es una aberración”.
El planteo no supone negar la necesidad de limpiar y ordenar la Ciudad. El Gobierno porteño sostiene que los controles buscan impedir que las bolsas queden durante horas en las veredas y que los comercios pueden regularizar su situación. Sin embargo, la fiscalización se intensificó durante los últimos meses y alcanzó a locales de ropa, supermercados, farmacias, restaurantes y hasta cines. Empresarios afectados advierten, además, que entre la clausura preventiva, la intervención del controlador de faltas y la reapertura pueden perderse varios días de facturación.
La discusión llega en un momento particularmente delicado. Las ventas minoristas pyme bajaron un 3,8% interanual en julio y acumularon una caída del 2,7% durante los primeros siete meses de 2026. En avenida Avellaneda, los comerciantes ya venían señalando una combinación de menor consumo, alquileres elevados, locales vacíos y menos compradores del interior. En ese contexto, una semana con la persiana baja no es una sanción administrativa menor: puede decidir la continuidad de un negocio.
El segundo reclamo es el regreso de los micros que trasladaban compradores mayoristas desde otras provincias. La restricción de su ingreso redujo el movimiento de personas y mercadería, aunque su circulación sin reglas también había generado problemas de tránsito, estacionamiento y convivencia con los vecinos. “Prohibir los micros en Flores está destruyendo a los negocios textiles. Hay que generar orden, pero cuidando el trabajo de los porteños y entendiendo los lazos de interdependencia que hay con otras economías fuera de la Ciudad”, afirmó Larreta.
En este caso, el exjefe de Gobierno acompañó la crítica con una propuesta concreta. El 31 de julio presentó, junto con otros legisladores, un proyecto para regular el ingreso y la operatoria de los micros en la zona de Avellaneda. La iniciativa, actualmente en comisión, prevé espacios determinados para ascenso y descenso, playas de espera fuera del corredor, turnos digitales y una permanencia máxima de treinta minutos. El sistema funcionaría los días hábiles entre las 5 y las 16, de manera de recuperar a los compradores del interior sin volver al estacionamiento desordenado de unidades de gran porte.
Los fundamentos del proyecto describen al corredor como un ecosistema de más de 7.000 comercios extendidos sobre unas 80 manzanas y señalan que la llegada de compradores de otras provincias fue durante décadas uno de sus motores. También reconocen el otro lado del problema: las calles no están preparadas para alojar micros sin regulación y es necesario proteger la circulación peatonal, las zonas de carga y descarga y la vida cotidiana de los residentes. La alternativa, por lo tanto, no es elegir entre caos y prohibición, sino construir un sistema que permita trabajar sin bloquear el barrio.
La intervención tiene además una lectura política. Jorge Macri convirtió el orden y la fiscalización en ejes centrales de su gestión, mientras Patricia Bullrich impulsó desde el Gobierno nacional una concepción de la política migratoria vinculada con la seguridad y el control de amenazas transnacionales. Eso no demuestra por sí mismo una persecución deliberada contra comerciantes chinos o coreanos —el propio Gobierno porteño ha reconocido públicamente el aporte de la comunidad coreana—, pero sí abre una discusión sobre los efectos de gobernar problemas económicos y urbanos exclusivamente desde una lógica punitiva.
Larreta busca ubicarse en otro registro: defender el orden sin convertir cada incumplimiento en una demostración de fuerza y reconocer que detrás de las persianas hay familias, empleados y redes comerciales que unen a Buenos Aires con el resto del país. “No se puede tomar represalias contra comunidades que viven en la Ciudad desde hace años, generando empleo y crecimiento económico”, señaló.
El desafío es menos ideológico que práctico. Una administración razonable debería poder mantener limpias las calles, ordenar los micros y aplicar reglas sin destruir la poca actividad que todavía permanece en pie. En Flores, donde cada vez cuesta más vender y sostener un local abierto, la eficacia del Estado no se mide por la cantidad de fajas de clausura, sino por su capacidad para resolver los problemas sin apagar el trabajo.
