La diputada nacional Vanesa Siley presentó un proyecto de Ley de Cuidados para la Persona que Trabaja en Servicios de Plataformas Digitales. La iniciativa busca establecer derechos específicos para repartidores, conductores y otros prestadores que operan mediante aplicaciones como Rappi, PedidosYa, Uber o Cabify, sin excluir la aplicación de normas laborales cuando corresponda según cada vínculo.
El texto aparece después de que la Ley 27.802 de Modernización Laboral definiera la figura del prestador independiente de aplicaciones, sin relación de dependencia ni cobertura general de la Ley de Contrato de Trabajo. También toma como referencia el Convenio 193 aprobado por la Organización Internacional del Trabajo y experiencias normativas o debates abiertos en otros países.
Entre sus disposiciones, el proyecto reconoce libertad para definir la jornada y considera tiempo de trabajo el período comprendido entre la conexión y la desconexión de la aplicación. Propone estaciones sanitarias coordinadas con municipios y CABA, un botón de emergencia para situaciones de inseguridad, canales de soporte con presencia física y telefónica, capacitación, cascos y otros elementos de protección.
La iniciativa incorpora seguros de daños, cobertura frente a terceros y un régimen simplificado de riesgos del trabajo mediante una ART. Prevé vacaciones escalonadas de 14 a 35 días corridos según antigüedad, sin penalización sobre la reputación digital, y establece que trabajar en plataformas sea compatible con programas sociales, educativos o de empleo.
Otro eje es la transparencia algorítmica. Las personas tendrían derecho a conocer los parámetros utilizados para asignar tareas, elaborar perfiles o condicionar el acceso al empleo. Las empresas no podrían desconectar a alguien sin descargo previo, y la reputación digital sería reconocida como un activo portable. El cálculo de distancias debería seguir el trazado urbano realmente recorrido.
El proyecto crea una Comisión Nacional de Trabajo en Plataformas Digitales integrada por el Estado, sindicatos y empresas para fijar retribuciones mínimas, condiciones de trabajo y protocolos de control algorítmico. El sector reuniría a más de 67.000 personas y habría crecido 289,5% entre 2020 y 2023. Esos datos fundamentan la propuesta, pero sus beneficios no están vigentes: requieren debate, negociación, aprobación legislativa y mayorías parlamentarias.
