Legisladores de La Libertad Avanza presentaron en la Legislatura porteña dos proyectos orientados a reformar el funcionamiento administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Las iniciativas buscan simplificar trámites vinculados con actividades económicas, reducir cargas burocráticas y ampliar los casos en los que la falta de respuesta del Estado pueda producir un efecto favorable para quien solicita una autorización.
El primer texto, denominado Ley de Libertad Comercial, propone un régimen especial para actividades económicas, comerciales, productivas y de servicios. Sus principios incluyen libertad económica, celeridad, digitalización integral, ventanilla única, reducción de requisitos, fiscalización posterior y silencio administrativo positivo. El alcance previsto comprende personas, empresas, consorcios, asociaciones, cooperativas, profesionales independientes y operadores de plataformas, entre otros sujetos con actividades lícitas bajo control local.
La pieza central sería la Ventanilla Única Digital de Actividades Económicas, VUDAE. El canal concentraría altas, modificaciones, renovaciones, transferencias, bajas, documentación, consultas, descargos y pagos de tasas. A la vez, un Legajo Digital Único del Operador evitaría que distintas dependencias pidan nuevamente información que ya obra en poder de la administración porteña.
Para actividades de bajo riesgo, la propuesta habilita el inicio mediante declaración jurada y la documentación exigida, sin inspección previa ni acto expreso. El sistema emitiría una Constancia de Habilitación Provisoria y trasladaría la fiscalización a una etapa posterior. La primera inspección debería realizarse dentro de los 180 días corridos siguientes. La automatización no alcanzaría a establecimientos sanitarios con internación, ciertas farmacias, locales bailables, espectáculos masivos, inmuebles protegidos ni actividades con sustancias peligrosas, combustibles o explosivos.
El segundo proyecto modifica el artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad. La regla general seguiría considerando negativo el silencio ante una solicitud de pronunciamiento concreto, salvo disposición expresa. La excepción aparecería cuando una norma exige autorización para ejercer una facultad reglada: si vence el plazo sin decisión y se cumplieron las condiciones, el silencio tendría sentido positivo y finalizaría el procedimiento como un acto administrativo.
Ambas iniciativas fueron presentadas por Pilar Ramírez, jefa del bloque LLA, con el acompañamiento de Juan Pablo Arenaza, Marcelo Ernst, Juan Ignacio Fernández, Silvia Imas, Marina Kienast, Lucía Montenegro, Nicolás Pakgojz y Solana Pelayo. El esquema todavía es una propuesta legislativa: no crea hoy una habilitación automática ni altera por sí mismo los procedimientos vigentes. Su alcance final dependerá del debate, las modificaciones y la aprobación de la Legislatura porteña.
