La Cámara de Diputados de San Luis convirtió en ley el Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo, RIPEE. El proyecto enviado por el gobernador Claudio Poggi recibió 27 votos a favor y 11 en contra. Había obtenido media sanción del Senado provincial el 28 de julio, de modo que la aprobación de la Cámara baja completó su trámite legislativo.
El régimen busca fomentar inversión y empleo mediante instrumentos fiscales, laborales, financieros y de gestión de inmuebles del Estado. Surgió del trabajo en mesas sectoriales entre autoridades y sectores productivos. Su alcance incluye actividades agropecuarias, apícolas, frutihortícolas, mineras, industriales, de construcción, energía, logística, comercio, turismo, cultura, tecnología y servicios, además de otras actividades presentes o futuras en la provincia.
La ley permite que personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro, soliciten beneficios. En materia tributaria, contempla exenciones de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario y Automotores, Acoplados y Motocicletas por hasta 15 años para nuevas inversiones. También prevé créditos fiscales, exención de Ingresos Brutos para la actividad industrial y herramientas de alivio y regularización.
El componente laboral subsidia a empleadores que incorporen beneficiarios del Plan de Inclusión. El aporte será equivalente al beneficio social que la persona recibía al ser contratada y disminuirá durante dos años. La incorporación deberá aumentar en términos netos la planta y no podrá sustituir trabajadores existentes. El objetivo declarado es facilitar el paso desde programas sociales hacia empleo registrado y sostenible.
El RIPEE autoriza al Ejecutivo a destinar inmuebles del dominio privado estatal a inversiones que generen empleo. Los fondos resultantes deberán aplicarse a infraestructura productiva o social, garantías y financiamiento del sector privado, y no a gastos corrientes. El régimen agrega créditos de fomento, bonificación de tasas, períodos de gracia, capacitación, reconversión y fondos de garantía o fideicomisos públicos, privados o mixtos.
La norma institucionaliza las mesas sectoriales y reúne beneficios que antes estaban dispersos. También incorpora simplificación administrativa y declara la promoción económica y del empleo como política de Estado. La sanción crea el marco jurídico, pero no equivale a inversiones ni puestos ya concretados: su impacto dependerá de la reglamentación, las solicitudes aprobadas, el costo fiscal, la asignación de inmuebles y el empleo neto que logren generar los proyectos beneficiados.
