La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia presentó ante el Consejo de la Magistratura una denuncia disciplinaria contra cinco jueces federales por integrar órganos de la Asociación del Fútbol Argentino. La presentación incluye a Sergio Fernández, integrante de la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, y sostiene que su participación en el Tribunal de Disciplina de la AFA sería incompatible con el ejercicio de la magistratura.
Los otros señalados son Pablo Morán, Roberto Minguillón, Matías Mancini y Juan Pablo Rodríguez, quienes, según la información pública citada por ACIJ, integrarían el Tribunal de Ética de la AFA. La denuncia no equivale a una sanción ni acredita por sí sola una falta. El Consejo deberá verificar cargos, funciones efectivamente ejercidas, duración de esas tareas y la existencia o no de autorizaciones.
El argumento jurídico central se apoya en el artículo 9 del decreto-ley 1285/58, que restringe a los magistrados el ejercicio de otras actividades profesionales, salvo supuestos autorizados. ACIJ afirma que ninguno de los cinco jueces pidió habilitación a la Corte Suprema para desempeñarse en los órganos deportivos. Esa afirmación deberá ser confirmada mediante los registros administrativos correspondientes.
Sergio Fernández queda especialmente expuesto porque el Tribunal de Disciplina de la AFA tramita expedientes, valora pruebas, realiza audiencias y dicta resoluciones con efectos para clubes, dirigentes y jugadores. ACIJ sostiene que esas tareas son materialmente similares a funciones jurisdiccionales. La cuestión a resolver es si esa actividad constituye ejercicio profesional incompatible o una colaboración institucional permitida.
El caso toca un problema más amplio: la frontera entre participación social de un juez y actividades que pueden afectar independencia, apariencia de imparcialidad o disponibilidad funcional. Los magistrados pueden integrar ámbitos académicos o asociativos en ciertos casos, pero cuanto más vinculante es la función externa y más intereses regula, mayor es la necesidad de transparencia y autorización.
La AFA, por su parte, administra una estructura disciplinaria con fuerte impacto económico y deportivo. Que jueces federales formen parte de sus tribunales puede ser presentado como una garantía técnica, pero también genera riesgos de conflicto de interés si esas personas intervienen en causas relacionadas directa o indirectamente con clubes, dirigentes, contratos o entidades vinculadas al fútbol.
El Consejo de la Magistratura deberá evitar dos extremos: sancionar por presión pública sin una investigación completa o minimizar la incompatibilidad por tratarse de una institución deportiva. El procedimiento necesita declaraciones juradas, antecedentes de designación, actos emitidos, eventuales remuneraciones y cruces con causas judiciales para determinar si existió un conflicto concreto o una incompatibilidad formal.
El próximo paso será la apertura o rechazo de la investigación disciplinaria. Si el Consejo avanza, Sergio Fernández y los demás jueces podrán presentar sus descargos y documentación. La relevancia del caso excede a la AFA: puede fijar un criterio sobre qué actividades externas resultan compatibles con la judicatura federal y qué nivel de autorización y publicidad debe exigirse.
