La estrategia moderada de la CGT empezó a ser desbordada por organizaciones que, sin romper con la central, decidieron actuar por cuenta propia. Mientras la conducción cegetista posterga medidas de mayor impacto hasta después de la visita papal y analiza un paro parcial de dos o cuatro horas antes de fin de año, sindicatos del transporte y de la industria buscan instalar sus reclamos mediante movilización, campaña pública y acciones judiciales.
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte resolvió llevar una columna propia a la marcha de los jubilados frente al Congreso. La iniciativa fue impulsada por Juan Carlos Schmid y cuenta con gremios de camioneros, aeronavegantes, pilotos, marítimos y fluviales. El objetivo es mostrar oposición a las políticas del Gobierno sin quedar sujetos a cada decisión de la conducción de la CGT, aunque sus dirigentes descartan una fractura orgánica.
El gesto tiene un contenido político y sectorial. El transporte está directamente afectado por tarifas, subsidios, regulación laboral y límites a las huelgas en actividades consideradas esenciales o trascendentales. La legislación exige servicios mínimos de 50% o 75% en algunos casos, lo que reduce la eficacia de un paro y eleva el riesgo de sanciones. La movilización aparece así como una forma de protesta menos costosa para los trabajadores.
La Confederación de Sindicatos Industriales eligió otro método. Junto con la Confederación General Empresaria lanzará una jornada nacional en fábricas, talleres, comercios y empresas con la consigna “Defender la producción nacional para defender tu trabajo”. Trabajadores, emprendedores y empresarios grabarán videos sobre qué producen y qué se pierde cuando una planta deja de operar, utilizando el hashtag #QueremosTrabajar.
La campaña reúne a gremios de automotores, metalurgia, alimentación, minería, textiles, cervecería, petróleo, química, aceiteros, gráficos, carne, cerámica, plásticos, vidrio, curtidores, lecheros y papel. Su novedad consiste en unir la voz sindical con una parte del empresariado productivo y trasladar la protesta a las redes. El riesgo es que una acción comunicacional genere visibilidad sin producir compromisos concretos de política industrial.
En paralelo, unos cincuenta sindicatos vinculados con Luis Barrionuevo preparan una presentación judicial para reclamar $688.000 millones que, según sostienen, pertenecen al sistema de obras sociales. El monto incluye fondos del Fondo Solidario de Redistribución y recursos vinculados con obligaciones de OSDE. La crisis sanitaria sindical convierte el financiamiento de prestaciones en otro eje de presión sobre el Ministerio de Economía.
La fragmentación no implica todavía una ruptura con la CGT, pero evidencia diferencias sobre tiempos y métodos. La central teme descuentos salariales, pérdida de presentismo y sanciones; los sectores más activos consideran que esperar reduce capacidad de negociación y permite que el deterioro industrial, previsional y sanitario se profundice. La respuesta sindical se vuelve modular: marchas, campañas, litigios y paros sectoriales en lugar de una única huelga general.
El próximo paso será medir si estas acciones convergen en una agenda común. Para recuperar iniciativa, el sindicalismo deberá formular demandas verificables sobre producción, empleo, obras sociales, salarios y servicios mínimos, y definir qué resultados considerarían suficientes. Si las medidas propias obligan a la CGT a acelerar su plan, habrán cambiado la correlación interna. Si quedan aisladas, el Gobierno podrá administrarlas como conflictos separados.
