La publicación del EMAE prevista para alrededor del 20 de noviembre se convirtió en un punto de tensión política antes de conocerse el dato. Si el indicador confirma dos trimestres consecutivos de caída, la Argentina entraría técnicamente en recesión. Eso no describe por sí solo toda la economía ni garantiza una crisis prolongada, pero ofrecería a la oposición una definición sencilla y obligaría al Gobierno a explicar por qué sectores dinámicos como energía, minería y agro no alcanzaron para sostener la actividad agregada.
La discusión más sensible se produce dentro del oficialismo y entre sus aliados. Patricia Bullrich aparece como la figura que reclama ajustes en la estrategia para evitar que el deterioro productivo y laboral llegue sin respuesta al año electoral. El planteo no propone necesariamente abandonar el equilibrio fiscal, sino habilitar instrumentos específicos para pymes, construcción, transporte y consumo. La diferencia es política: Milei interpreta cualquier flexibilización como el inicio de una vuelta al populismo.
El Presidente reforzó esa posición mediante la metáfora bíblica del “pan de piedra”. Su mensaje fue que la emisión y el gasto de corto plazo pueden ofrecer alivio inmediato, pero terminan destruyendo la estabilidad. Con esa narrativa, Milei advierte a su propia coalición que no aceptará un “plan platita”. El dilema consiste en distinguir entre expansión monetaria sin respaldo y políticas focalizadas que buscan reactivar sectores sin quebrar el resultado fiscal.
Algunas medidas ya muestran ese debate: alivio para deudas impositivas de pymes, refuerzo de subsidios al transporte para contener tarifas, créditos y aceleración de obras concesionadas. Karina Milei también comenzó a incorporar a las pequeñas empresas en su discurso. Ninguna de estas herramientas equivale por sí sola a un giro macroeconómico, pero revelan que parte del Gobierno reconoce problemas en la industria, el empleo privado y el poder adquisitivo.
La economía también condiciona la arquitectura electoral. Gobernadores con representación en el Congreso observan si el programa mejora antes de acompañar la suspensión o eliminación de las PASO. Al mismo tiempo, La Libertad Avanza pretende presentar listas propias en las provincias y no delegar los armados en los mandatarios aliados. La falta de definiciones, sumada al bajo crecimiento, enfría acuerdos con el PRO y otras fuerzas de centroderecha.
La relación entre Milei y Bullrich concentra esa tensión. En el Senado circula la posibilidad de que Nadia Márquez dispute la conducción del bloque libertario, lo que reduciría la visibilidad institucional de Bullrich. La senadora, por su parte, envía señales de que tomará decisiones políticas entre marzo y abril. No hay ruptura formal, pero la frecuencia de las diferencias muestra una competencia por el rumbo económico y por el liderazgo del espacio oficialista hacia 2027.
El peronismo atraviesa una fragmentación paralela. Cristina Kirchner expresó que podría competir en 2027 si recupera sus derechos políticos, aunque cualquier revisión internacional de su situación no tendría efecto inmediato ni vinculante sobre la Justicia argentina. Axel Kicillof introdujo una novedad al sostener que las candidaturas deberían ser definidas por la gente. La frase cuestiona, sin nombrarlo, el método de designación vertical asociado a Cristina y La Cámpora.
Los dos grandes bloques llegan así al ciclo electoral sin unidad garantizada. El oficialismo debe decidir cuánto puede corregir sin abandonar su identidad fiscal; el peronismo debe resolver si su candidatura surgirá de un liderazgo histórico, un acuerdo o una competencia abierta. El EMAE, la definición de las PASO y el vínculo Milei-Bullrich serán pruebas inmediatas. Del otro lado, la relación entre Cristina y Kicillof determinará si la oposición construye una alternativa o reproduce su propia fractura.
