La causa judicial por $LIBRA volvió a abrir un frente institucional para el Gobierno nacional después de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas decidiera asumir la acción penal y apelar el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y otros imputados. La PIA, especializada en hechos de corrupción, ingresó al expediente luego de un pedido del CIPCE y del INECIP, que consideraron prematuro cerrar la investigación sin agotar medidas probatorias relevantes.
El movimiento cambia la dinámica procesal porque hasta ahora el fiscal Eduardo Taiano había desistido de impulsar la investigación y había pedido el sobreseimiento. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi hizo lugar a ese criterio y cerró la causa. Con la intervención de la PIA, encabezada por Sergio Rodríguez, vuelve a existir un órgano fiscal dispuesto a sostener que todavía hay hechos por esclarecer y a promover nuevas medidas.
La discusión jurídica no supone que los imputados sean culpables ni revierte automáticamente el sobreseimiento. La cuestión inmediata es procesal: determinar si el cierre fue razonable con el estado de la prueba disponible o si debía continuarse investigando la relación entre funcionarios, promotores del activo digital y el lanzamiento de $LIBRA. El principio de inocencia sigue vigente mientras se discute la suficiencia de la investigación.
Las organizaciones que pidieron la intervención de la PIA sostienen que el expediente compromete interés público porque involucra a máximas autoridades del Poder Ejecutivo. Su planteo es que, en causas con posible corrupción o uso indebido de funciones, el estándar de investigación debe ser exhaustivo, especializado y proactivo. No alcanza, según esa posición, con constatar ausencia inmediata de delito si existen líneas probatorias todavía no desarrolladas.
El expediente quedó ahora en manos del Juzgado Federal N°8, a cargo interinamente de Daniel Rafecas. El tribunal puede admitir la intervención fiscal y habilitar la reapertura. Si la rechaza, la PIA dejó planteado un recurso de apelación en subsidio para que la Cámara Federal revise la decisión. Esa doble vía evita que el caso dependa de una sola resolución y garantiza una instancia superior de control.
La causa tiene además un impacto político inevitable. El Gobierno había presentado el sobreseimiento como confirmación de que las acusaciones carecían de sustento. La apelación no invalida ese argumento de manera definitiva, pero impide tratar el expediente como completamente cerrado. Para la oposición y las organizaciones civiles, el nuevo paso judicial ofrece una oportunidad de revisar hechos y responsabilidades; para el oficialismo, prolonga una controversia que considera políticamente explotada.
El desafío institucional consiste en separar la disputa partidaria del estándar judicial. Una investigación penal debe basarse en evidencia, trazabilidad de comunicaciones, movimientos financieros, funciones oficiales y vínculos verificables, no en especulaciones. Del mismo modo, un cierre debe explicar por qué las medidas pendientes no pueden cambiar la conclusión. La legitimidad del proceso depende de que tanto investigar como archivar estén debidamente fundados.
El próximo paso será conocer si Rafecas habilita la reapertura y qué medidas concretas solicita la PIA. Si la Cámara Federal interviene, deberá resolver sobre la legalidad y suficiencia del sobreseimiento. Más allá del resultado, el caso $LIBRA vuelve a quedar activo como problema judicial y político. La cuestión central ya no es solo la existencia de una decisión favorable previa, sino si el expediente puede considerarse verdaderamente agotado.
