Los cinco legisladores de Cambia Río Negro llevaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación su reclamo para obtener el reconocimiento pleno como bloque dentro de la Legislatura provincial. El recurso extraordinario federal fue presentado después de que el Superior Tribunal de Justicia rechazara un mandamiento de ejecución y considerara que la controversia debía resolverse dentro del propio Poder Legislativo.
La bancada está integrada por María Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Picotti, Claudio Doctorovich y Daniel Sanguinetti, alineados con Aníbal Tortoriello. Su planteo sostiene que poder ocupar una banca y votar no equivale a ejercer completamente la representación. Reclaman acceso a la Comisión de Labor Parlamentaria, integración proporcional de comisiones, intervención en debates, asesoramiento y recursos administrativos.
El conflicto tiene una secuencia institucional contradictoria. El 30 de diciembre de 2025, Pedro Pesatti firmó la Resolución 460/2025 que autorizó el funcionamiento formal del bloque. El 10 de junio de 2026, la Comisión de Labor Parlamentaria estableció un “criterio suspensivo” sobre ese reconocimiento, luego ratificado por la Presidencia. Desde entonces, la bancada existe en una resolución pero no opera con todos sus efectos.
El Superior Tribunal rechazó intervenir porque entendió que los legisladores debían agotar los mecanismos internos, incluido el artículo 148 del Reglamento. Los recurrentes responden que esa vía es ineficaz: les exige buscar solución dentro del mismo ámbito que, según denuncian, limita su participación. La Corte deberá decidir primero si existe una cuestión federal y una lesión concreta que justifique revisar la autonomía parlamentaria provincial.
La demanda invoca igualdad ante la ley, soberanía popular, derechos políticos y principios republicanos. Cambia Río Negro fue la segunda fuerza en las elecciones provinciales de abril de 2023, con más de 86.000 votos. Sus integrantes sostienen que la restricción no afecta únicamente a cinco legisladores, sino a los ciudadanos que eligieron esa representación y a la capacidad de las minorías para controlar al oficialismo.
El reconocimiento de un bloque no es un trámite simbólico. Incide en el reparto de comisiones, tiempos de palabra, acceso a información, asesores, recursos y negociación de la agenda. Si los proyectos de una bancada no llegan al recinto y sus miembros no participan en Labor Parlamentaria, su capacidad de transformar votos en iniciativa política queda sustancialmente reducida.
El caso también exige preservar la separación de poderes. Los parlamentos necesitan autonomía para organizarse, pero esa autonomía no puede convertirse en inmunidad frente a derechos constitucionales. La intervención judicial debe ser cuidadosa: corregir una exclusión arbitraria sin reemplazar a la Legislatura en cada decisión interna. La gravedad institucional dependerá de si existe una regla objetiva y general o una restricción dirigida.
El tiempo agrega urgencia porque los mandatos concluyen el 9 de diciembre de 2027. Una sentencia posterior podría resultar inútil si la bancada pasa gran parte de su período sin ejercer plenamente. El próximo paso es que el Superior Tribunal conceda o rechace el recurso y, eventualmente, eleve las actuaciones. La resolución fijará un precedente sobre autonomía legislativa, derechos de las minorías y control judicial del funcionamiento parlamentario.
