La Legislatura porteña cerró una negociación institucional que llevaba meses abierta y, en la misma sesión, aprobó un marco obligatorio de Educación Digital Integral. El PRO logró designar a Paola Michielotto como presidenta del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos con 51 votos afirmativos y dos abstenciones. Las cuatro vocalías fueron aprobadas con 50 votos positivos y tres abstenciones, en una distribución que reflejó acuerdos entre oficialismo y oposición.
El directorio quedó integrado mediante un reparto político e institucional. El peronismo obtuvo dos lugares, con Eugenio Begué y Silvina Fazio; José Pafundi ocupará la representación de asociaciones de consumidores; y los libertarios conservaron participación después de una disputa interna que obligó a Pilar Ramírez a retirar un postulante propio. El episodio mostró que el oficialismo de Jorge Macri, aun en minoría, puede construir mayorías mediante intercambios sobre cargos y leyes.
El Ente Regulador controla servicios públicos de la Ciudad y debe funcionar con independencia del Ejecutivo y de las empresas prestadoras. Michielotto, exlegisladora y antigua integrante del organismo, propuso avanzar desde un control reactivo hacia uno predictivo mediante datos, georreferenciación e inteligencia artificial. La promesa exige protocolos públicos: qué información se usará, cómo se protegerán los datos y qué indicadores medirán la respuesta a los usuarios.
El acuerdo no puede evaluarse únicamente por la cantidad de votos. La pluralidad del directorio puede mejorar el control si sus miembros actúan con autonomía, publican decisiones, explican conflictos de interés y sostienen criterios técnicos. Si las vocalías se convierten en cuotas partidarias, el organismo corre el riesgo de reproducir la negociación que permitió su integración y perder capacidad para sancionar fallas en transporte, alumbrado, higiene y otros servicios.
La segunda decisión relevante fue la aprobación de la Ley de Educación Digital Integral por 43 votos, sin negativos y con 13 abstenciones. La norma incorpora contenidos sobre ciudadanía digital, inteligencia artificial, redes sociales, privacidad, protección de datos y prevención de violencias en internet en todos los niveles obligatorios, tanto de gestión estatal como privada. También alcanza la formación docente inicial y continua.
El texto prevé materiales multimediales accesibles y actualizados, talleres para familias, facilitadores pedagógicos y criterios para el uso de inteligencia artificial. Un principio central establece que la IA no podrá reemplazar la intervención docente en la construcción del conocimiento. También se proyecta relevar periódicamente los hábitos tecnológicos de estudiantes para ajustar contenidos y políticas de prevención.
La implementación será más compleja que la sanción. Las escuelas necesitan conectividad, dispositivos, mantenimiento, formación y tiempo institucional para abordar los contenidos sin convertirlos en una materia aislada o en una campaña ocasional. La alfabetización digital debe incluir pensamiento crítico, verificación de información, seguridad, diseño de plataformas, economía de la atención y derechos de niños y adolescentes, además del aprendizaje técnico.
El próximo paso será doble: el nuevo directorio deberá demostrar independencia y resultados, mientras el Ministerio de Educación tendrá que reglamentar la EDI con presupuesto, currículos y evaluación. La sesión mostró que los acuerdos legislativos pueden destrabar instituciones y producir políticas nuevas. Su legitimidad dependerá de que las designaciones no se reduzcan a reparto y de que la educación digital llegue efectivamente a todas las escuelas.
