Un proyecto presentado en la Legislatura porteña propone compensar mediante créditos fiscales a los comercios afectados por las restricciones de circulación y acceso dispuestas durante la visita del papa León XIV. La iniciativa parte de una situación excepcional: entre el montaje, los operativos de seguridad y la desconcentración, sectores de Palermo y Recoleta soportarán cortes y controles durante varios días, con efectos distintos según la ubicación y el tipo de actividad.
El beneficio buscaría reconocer el 100% de la caída de facturación atribuible al operativo. El crédito podría utilizarse durante dos años para cancelar Ingresos Brutos, el Impuesto Inmobiliario y la tasa de ABL. El diseño evita un reintegro directo de efectivo y transforma el daño comercial en un saldo a favor fiscal, aunque su valor real dependerá de que el establecimiento tenga obligaciones suficientes contra las cuales aplicarlo.
El primer desafío es definir una línea de base. Para determinar cuánto cayó la facturación, la autoridad debería comparar períodos equivalentes, ajustar los montos por inflación y separar el impacto de los cortes de la tendencia general del consumo. Un comercio con ventas ya descendentes no puede atribuir automáticamente toda la diferencia al operativo, pero tampoco debería quedar excluido si demuestra una pérdida adicional claramente vinculada con las restricciones.
También será necesario delimitar las zonas y los días alcanzados. Los cortes sobre Avenida del Libertador comenzaron de manera progresiva el 4 de noviembre y algunos permanecerán hasta el 16, mientras las actividades centrales de la visita se desarrollarán entre el 8 y el 11. El acceso de vecinos, trabajadores y comerciantes exige acreditaciones especiales, y el tránsito de autos, colectivos y proveedores se modifica de forma diferente en cada perímetro.
El proyecto deberá distinguir los efectos negativos de las oportunidades económicas. Hoteles, gastronomía y comercios vinculados con la llegada de visitantes pueden aumentar su actividad, mientras locales dependientes del tránsito cotidiano, estacionamiento o reparto pueden perder ventas. Una compensación uniforme por ubicación sería injusta; el criterio central debe ser la caída efectivamente demostrada y no la mera presencia dentro del área restringida.
La administración del régimen probablemente recaería en la AGIP y requeriría declaraciones juradas, comprobantes de ventas y mecanismos de fiscalización. Para evitar demoras, convendría establecer un trámite digital, plazos breves y un procedimiento de revisión. También deberían definirse topes por contribuyente, tratamiento para monotributistas y locatarios, y qué ocurre si el crédito supera los impuestos de los dos años previstos.
El alivio fiscal plantea además una cuestión de equidad presupuestaria. La Ciudad dispuso gratuidad temporal en la Autopista Illia y el Paseo del Bajo para mitigar los desvíos, pero esa medida beneficia principalmente a quienes circulan en vehículos. Los créditos a comercios compensarían otro tipo de costo. Para evaluar la política será necesario publicar el gasto tributario estimado y evitar que grandes cadenas absorban la mayor parte del beneficio.
La propuesta todavía debe atravesar el debate legislativo y no constituye una compensación automática. Su aprobación debería incluir un registro de beneficiarios, metodología de cálculo y una evaluación posterior sobre facturación, empleo y continuidad comercial. La visita papal tiene un valor institucional y turístico, pero los costos excepcionales de seguridad no deberían recaer sin medición ni reparación sobre pequeños establecimientos que no pueden trasladar su actividad.
