La decisión del intendente de La Banda, Roger Nediani, de confirmar a 214 agentes en la planta permanente abrió una controversia durante la transición municipal. El Decreto Serie A N°227/2026 fue fechado el 18 de agosto, 16 días después de las elecciones del 2 de agosto en las que Llamil Abdala resultó elegido como próximo jefe comunal. La proximidad temporal genera cuestionamientos políticos, pero no demuestra por sí misma la ilegalidad de cada incorporación.
Los pases tienen efectos administrativos que continuarán durante la siguiente gestión. Para determinar su regularidad deben verificarse la antigüedad y modalidad previa de los trabajadores, los concursos o requisitos aplicables, la existencia de vacantes, la categoría asignada y el respaldo presupuestario. Los 214 agentes ya prestaban servicios y cobraban como temporarios o contratados, por lo que no corresponde calcular automáticamente 214 salarios completamente nuevos. Sí puede cambiar el costo futuro, la estabilidad y la estructura de cargos. También debe comprobarse si todos recibieron igual tratamiento frente a otros empleados con funciones y antigüedad comparables.
El debate se intensificó por la composición del Presupuesto municipal 2026. La partida de personal asciende a $46.623.402.443,31 sobre erogaciones totales por $64.278.964.869,44, equivalentes al 72,53%. El artículo 110 de la Carta Orgánica establece que no puede destinarse más del 60% de los ingresos al pago de sueldos. La diferencia presupuestada es de 12,53 puntos y ronda $8.056 millones respecto del 60% matemático sobre aquel total.
Esa comparación es una señal que exige explicación, no una conclusión jurídica definitiva. El presupuesto autorizado no es idéntico al gasto ejecutado ni el total de erogaciones necesariamente coincide con la base de ingresos que corresponde aplicar según la norma. Para acreditar un incumplimiento deben conocerse los recursos efectivamente percibidos y las remuneraciones realmente pagadas durante el ejercicio, además de dictámenes de Contaduría, Economía, Asuntos Legales y el Tribunal de Cuentas.
A la controversia se suman denuncias opositoras sobre más de 700 contrataciones posteriores a medidas de contención del gasto adoptadas en 2023, además de recategorizaciones, bonificaciones y familiares o candidatos en cargos municipales. Esas afirmaciones necesitan ser contrastadas con nóminas y legajos. Los universos tampoco pueden sumarse de manera automática, porque una persona podría aparecer entre los contratos denunciados, los ascensos y los 214 pases recientes.
La existencia de parentesco o participación electoral no prueba por sí sola una irregularidad. Lo relevante es establecer cuándo ingresó cada persona, qué función cumple, cómo fue designada, qué remuneración recibe y si obtuvo un beneficio diferente al de trabajadores en condiciones equivalentes. La revisión debe proteger los derechos de empleados con años de servicio y, al mismo tiempo, detectar eventuales decisiones selectivas motivadas por vínculos políticos o familiares. Publicar datos funcionales y actos administrativos, preservando información personal sensible, permitiría controlar el procedimiento sin estigmatizar colectivamente a la planta municipal.
La próxima administración necesitará una auditoría documentada de vacantes, legajos, masa salarial, contratos y ejecución presupuestaria. Hasta ahora no se informó una sentencia ni un dictamen definitivo que invalide el decreto. El hecho confirmado es la formalización de 214 trabajadores en una etapa de transición; las preguntas pendientes son su costo, procedimiento y compatibilidad con la Carta Orgánica. Resolverlas exige expedientes completos, no condenas generales ni defensas políticas sin datos. La transición debería incluir una mesa técnica entre autoridades salientes y entrantes para entregar nóminas, cálculos anualizados y observaciones de los órganos de control. El resultado tendría que publicarse con una metodología que permita reproducir los cálculos y corregir eventuales errores. Los trabajadores afectados deben poder ejercer también su derecho de defensa. La confianza institucional depende de esa apertura.
