El ministro de Hacienda de Mendoza, Víctor Fayad, confirmó que la Provincia continuará reclamando fondos al Gobierno nacional aun después del acuerdo que reconoce acreencias por $121.282 millones. El funcionario presentó los alcances del entendimiento durante su tratamiento en la Legislatura y sostuvo que todavía quedan obligaciones relacionadas con obras ejecutadas o financiadas por la administración mendocina. La negociación, por lo tanto, no constituye una cancelación integral de las diferencias entre ambas jurisdicciones.
Dentro del monto reconocido, Fayad indicó que la Dirección Nacional de Vialidad admitió $80.000 millones vinculados con inversiones en las rutas nacionales 40 y 143. Mendoza habría destinado cerca de $17.000 millones de recursos propios a trabajos que originalmente contaban con compromisos nacionales. El acuerdo permitiría recuperar una parte relevante de ese esfuerzo, aunque las cifras comunicadas no explican por sí solas el mecanismo de actualización, los plazos de pago ni el destino presupuestario final de cada acreencia.
El ministro sostuvo que las obras provinciales no se detuvieron pese al retiro o la demora del financiamiento nacional. Esa afirmación forma parte de la defensa política del acuerdo y deberá contrastarse con los certificados, cronogramas y estados de ejecución de cada intervención. El reconocimiento de una deuda no equivale necesariamente a un desembolso inmediato: el efecto fiscal dependerá de la forma de pago prevista, la aprobación legislativa y el cumplimiento posterior de las obligaciones asumidas. También importa conocer si el convenio utiliza efectivo, compensaciones, títulos u otros activos, porque cada modalidad tiene tiempos y riesgos diferentes para las cuentas provinciales.
Fayad aclaró además que el convenio no modifica el proyecto mendocino para cobrar peajes en los corredores intervenidos. El esquema alcanzaría la Ruta Nacional 40, especialmente el Acceso Sur, y la Ruta Nacional 143 entre San Carlos y San Rafael. El Gobierno sostiene que esa recaudación generará una fuente específica para conservar la infraestructura una vez terminadas las obras. Todavía deberán conocerse tarifas, categorías, exenciones, puntos de cobro, costos operativos y mecanismos de control.
La continuidad del peaje abre un debate diferente al reconocimiento de acreencias. Si Nación reintegra gastos previos y la Provincia cobra por el uso futuro, las autoridades deberán explicar qué componente financia cada instrumento y evitar una superposición sin justificación. También será necesario establecer el marco jurídico para intervenir y tarifar rutas nacionales, la distribución de responsabilidades de mantenimiento y el tratamiento de usuarios frecuentes, transporte productivo y residentes de las zonas afectadas.
Entre los reclamos que quedaron fuera del acuerdo, Fayad mencionó obras de agua, saneamiento e irrigación pagadas con recursos mendocinos pese a compromisos federales. No informó un monto consolidado para esos expedientes ni un calendario de resolución. La estrategia será negociarlos por etapas y buscar nuevos convenios. Ese procedimiento puede facilitar acuerdos parciales, pero obliga a mantener un registro público que permita conocer capital, actualización, documentación respaldatoria y estado de cada gestión.
El entendimiento por $121.282 millones es un avance administrativo y político para Mendoza, no el cierre de la relación financiera con Nación. La Provincia conserva reclamos pendientes y sostiene una política propia de recuperación de costos mediante peajes. La evaluación completa dependerá de la letra del convenio, su ejecución y el diseño tarifario. Hasta que esos elementos sean públicos, corresponde diferenciar montos reconocidos, pagos efectivamente recibidos y recursos futuros que se proyecta cobrar a los usuarios. La Legislatura tiene la oportunidad de exigir anexos, cronogramas y criterios de rendición antes de autorizar un acuerdo que compromete infraestructura y relaciones fiscales de largo plazo. Esa información será también necesaria para que transportistas y residentes evalúen el costo futuro de circular. El control debe continuar después de la aprobación legislativa.
