El Gobierno bonaerense analiza un conjunto de indicadores que muestran una evolución menos lineal que la discusión política sobre inseguridad. Los homicidios dolosos bajaron de 451 entre enero y agosto de 2025 a 434 en igual período de 2026, una reducción del 3,8%. Esa serie no respalda la idea de un aumento generalizado de la violencia letal, aunque tampoco describe por sí sola la situación social.
Los asesinatos cometidos durante robos descendieron de 47 a 39, un 17%, y los femicidios pasaron de 33 a 24, una baja del 27,3%. En cambio, los ajustes de cuentas subieron de 80 a 84 y las riñas letales de 97 a 105. Las variaciones obligan a distinguir entre categorías y a evitar que un único indicador sea presentado como explicación completa del fenómeno.
La preocupación provincial se desplaza hacia señales menos visibles: violencia intrafamiliar, salud mental y redes criminales que ofrecen préstamos informales a familias con dificultades. Los informes citan un aumento nacional de suicidios de 4.249 en 2024 a 5.209 en 2025 y una tasa bonaerense que pasó de 10,8 a 11,9 por cada 100.000 habitantes. Las autoridades aclaran que esos datos no prueban una causalidad económica directa.
El análisis alcanza a la Policía Bonaerense. En los registros internos de 2024 y 2025, el 80% de los efectivos que murieron por suicidio tenía menos de 40 años, el 75% pertenecía a escalafones inferiores y el 70% acumulaba menos de diez años en la fuerza. La tasa estimada fue de 45 casos cada 100.000 efectivos, un nivel que impulsa la revisión de condiciones laborales y prevención.
La agenda se complejiza con la futura aplicación del nuevo régimen penal juvenil y del sistema acusatorio federal en La Plata. El primer cambio requiere adhesión provincial; el segundo trasladará la investigación a los fiscales en una jurisdicción que comprende 45 partidos. Un cálculo técnico citado por la administración estima que harían falta al menos 56 fiscalías federales penales y 21 defensorías adicionales.
También aumentó la población privada de libertad bajo responsabilidad provincial: pasó de 58.917 personas a fines de 2023 a 66.493 el 16 de julio de 2026. Al mismo tiempo, los detenidos en comisarías bajaron de 2.368 a 1.579. El diagnóstico oficial, por lo tanto, no es el de una explosión criminal ya consumada, sino el de tensiones sociales que exigen respuestas sanitarias, judiciales, penitenciarias y territoriales coordinadas.
