La legisladora porteña Victoria Freire rechazó que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo sea la causa principal de la caída de la natalidad en la Argentina. Su respuesta estuvo dirigida al presidente Javier Milei y a la vicejefa de Gobierno de la Ciudad, Clara Muzzio, quienes habían vinculado ambos fenómenos en intervenciones públicas recientes.
Freire señaló que los nacimientos descienden de forma sostenida desde 2014, mientras la ley de interrupción voluntaria del embarazo fue aprobada en 2020. Según su cálculo, alrededor del 90% de la reducción registrada hasta la actualidad ya había ocurrido antes de la legalización. La diferencia temporal cuestiona una explicación única, aunque por sí sola tampoco determina todas las causas demográficas.
La diputada agregó que países donde el aborto continúa prohibido también experimentan bajas de natalidad. Su argumento busca ubicar el fenómeno dentro de una tendencia internacional asociada con cambios en los proyectos de vida, el empleo, la vivienda y la organización del cuidado. La comparación requiere considerar diferencias sociales e institucionales entre países y no equivale a una prueba aislada.
Otro dato destacado fue la disminución de los embarazos adolescentes. Freire afirmó que desde 2005 cayeron un 64% entre menores de 19 años y atribuyó parte de ese resultado al Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que combinó educación y acceso a anticonceptivos. Presentó esa evolución como un avance en autonomía, no como un problema que deba revertirse.
La legisladora citó además una encuesta nacional de UNFPA realizada entre enero y febrero de 2026 a 1.515 personas de 18 a 70 años. El estudio encontró que el 57% de quienes tienen entre 18 y 45 años no alcanzó la cantidad de hijos deseada y que las barreras económicas y de cuidado explican el 62% de esos casos. La muestra fue ponderada con parámetros del Censo 2022.
Freire también mencionó que criar a un niño o adolescente en la Ciudad costaba en agosto entre $998.061,25 y $1.610.211,71, según edad y género. Su intervención no cierra el debate sobre natalidad, un fenómeno multicausal, pero desplaza el eje desde una ley específica hacia las condiciones materiales y la autonomía reproductiva. No presentó un proyecto legislativo nuevo ni una política integral para revertir la tendencia.
