El Gobierno de San Luis avanza con la repavimentación de la avenida José Santos Ortiz, la antigua traza de la Ruta Nacional 7 que funciona como autopista urbana entre la capital y Juana Koslay. La intervención cubre doce kilómetros, desde el Autódromo Rosendo Hernández hasta la rotonda de Los Puquios, y busca recuperar una vía estratégica para el tránsito cotidiano, el transporte regional y el acceso a establecimientos educativos.
Claudio Poggi informó que la obra registra un avance de entre 17% y 18% y que algunos tramos ya comenzaron a habilitarse. La inversión provincial asciende a $12.000 millones. El plazo contractual finaliza el 31 de marzo de 2027, pero el Ejecutivo estima que, si no aparecen imprevistos, la calzada podrá quedar operativa a fines de febrero, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo.
La obra no se limita a colocar una nueva carpeta asfáltica. El plan incluye banquinas, demarcación horizontal y vertical y afirmado de luminarias. Esos componentes son esenciales para que la mejora de superficie se traduzca en seguridad vial. La Provincia deberá verificar además drenajes, accesos laterales, señalización de cruces y condiciones para motociclistas, peatones y transporte público.
El acuerdo con la Nación permitió que San Luis interviniera y financiara una ruta todavía bajo jurisdicción federal. Poggi anticipó que el Ejecutivo nacional la provincializará una vez completado el proceso. Esa transferencia debe incluir dominio, mantenimiento, responsabilidades y recursos, porque recibir una autopista urbana significa asumir costos permanentes de conservación, iluminación, seguridad y control.
La vía conecta zonas de expansión urbana y soporta circulación intensa. Su deterioro afectaba tiempos de viaje, desgaste vehicular y riesgo de siniestros. La repavimentación puede mejorar la conectividad entre San Luis y Juana Koslay, pero también puede aumentar velocidad y flujo. Por eso conviene acompañarla con fiscalización, diseño seguro de rotondas, cruces y políticas de transporte metropolitano.
El objetivo de concluir antes del inicio de clases tiene impacto económico y social. Menos desvíos y obras sobre la calzada reducen demoras para estudiantes, trabajadores y proveedores. Sin embargo, acelerar no debe implicar disminuir controles de calidad. La resistencia del pavimento, el espesor, la compactación y la recepción técnica determinarán si la inversión mantiene su valor durante años.
Como la fuente es el Gobierno provincial, el seguimiento necesita información independiente. Sería útil publicar certificados, contratistas, modificaciones, avance físico y financiero y resultados de ensayos. El presupuesto de $12.000 millones debe compararse con cantidades de obra y precios unitarios para evaluar eficiencia, especialmente si la habilitación parcial se utiliza como indicador de cumplimiento.
El próximo paso será completar los sectores pendientes y formalizar la provincialización. La inauguración debería ir acompañada por un plan anual de mantenimiento, medición de tránsito y siniestralidad y coordinación con los municipios. El progreso será realmente importante si la ex Ruta 7 deja de ser una reparación puntual y se integra a una política metropolitana de movilidad segura y sostenible.
