El reclamo de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba volvió a instalar la discusión salarial dentro del Centro Cívico. La conducción gremial pidió reabrir la paritaria para recuperar poder adquisitivo, después de consultar a sus delegados en toda la provincia. El Gobierno recibió el planteo y reconoció el deterioro real de los ingresos, pero evitó formular una oferta y pidió prudencia frente a la caída de la recaudación.
La Provincia sostiene que existe un acuerdo vigente firmado en abril que, según su evaluación, otorgó una actualización por encima de la inflación del período. También recuerda dos bonos adicionales no previstos en el convenio original. La UEPC, sin embargo, considera que la evolución posterior de precios y salarios volvió insuficiente ese esquema y que una cláusula acordada meses atrás no puede impedir revisar la situación cuando cambian las condiciones.
La respuesta oficial combina argumentos jurídicos y fiscales. Por un lado, afirma que el acuerdo debe respetarse; por otro, advierte que la retracción económica afecta los ingresos provinciales y que cualquier mejora permanente se multiplica sobre toda la masa salarial. El Ejecutivo menciona además dificultades de empresas privadas para sostener empleo y salarios, utilizando la situación de Pauny como ejemplo de una crisis que reduce actividad y recaudación.
La UEPC ratificó una jornada de acción sindical en toda Córdoba. La medida no incluye paro ni suspensión de clases, sino actividades gremiales, asambleas y visibilización con funcionamiento normal de las escuelas. Esa modalidad permite sostener la presión sin trasladar inmediatamente el costo a estudiantes y familias, pero también busca demostrar que el sindicato puede escalar si no obtiene una respuesta concreta.
El conflicto dejó de ser exclusivamente docente. El Sindicato de Empleados Públicos declaró el estado de alerta y reclamó la reapertura urgente de las paritarias. Sumó cuestionamientos por el aumento de aportes de afiliados voluntarios a APROSS, el diferimiento de haberes jubilatorios, el artículo 58, las vacantes en áreas críticas de salud y la demora en unificar equipos sanitarios mediante decreto.
La extensión del reclamo plantea una dificultad política para Martín Llaryora. Una concesión a los docentes puede activar pedidos equivalentes de otros gremios, pero rechazar toda revisión puede unificar sectores que hoy protestan por separado. El Gobierno necesita distinguir entre recomposición general, correcciones específicas y pagos extraordinarios, y explicar el costo de cada alternativa para evitar que la prudencia fiscal se interprete como una negativa indefinida.
La negociación también debe transparentar el punto de partida. Para evaluar si el acuerdo de abril superó o no la inflación, hacen falta series de salario testigo, escalas por antigüedad, bonos y variación de precios. La discusión no puede reducirse a porcentajes acumulados si una parte de los ingresos no integra el básico o si los adicionales tienen impacto desigual sobre jubilaciones y futuras paritarias.
El próximo paso será decidir si el Gobierno abre una mesa formal con propuesta y cronograma. La UEPC mantiene la actividad escolar y el SEP todavía no anunció un paro, lo que deja margen para una salida negociada. Si la Provincia publica sus restricciones financieras y los gremios priorizan demandas, podría acordarse una revisión gradual. Si persiste la ausencia de oferta, la protesta puede transformarse en un conflicto estatal coordinado.
