El Gobierno bonaerense abrió la discusión del Presupuesto 2027, el último que ejecutará Axel Kicillof en su actual mandato, con una presentación de Pablo López ante la Legislatura. La iniciativa no es solo una estimación de ingresos y gastos: ordenará el año electoral, fijará prioridades de inversión y obligará al oficialismo a negociar con opositores, intendentes y sectores internos del peronismo en un escenario de recursos nacionales más restringidos.
Uno de los puntos centrales será el pedido de autorización para endeudarse por un monto estimado en US$850 millones. El Ejecutivo sostiene que los fondos permitirían cubrir vencimientos con acreedores internacionales y sostener infraestructura. La Legislatura deberá distinguir cuánto corresponde a refinanciación, cuánto a nueva obra y qué costo financiero asumirá la Provincia, porque la autorización requiere mayorías especiales y compromete recursos de ejercicios futuros.
La Ley Fiscal Impositiva definirá los incrementos sobre el Inmobiliario Urbano y Rural, Patentes e Ingresos Brutos. El desafío consiste en actualizar la recaudación sin trasladar una carga desproporcionada a familias, productores y pymes que ya operan con bajo consumo y altos costos. Las escalas progresivas, las valuaciones y las exenciones serán tan importantes como las alícuotas nominales para medir quién absorbe el esfuerzo tributario.
El presupuesto deberá distribuir partidas entre obras públicas, salud, educación y seguridad en un contexto marcado por la caída de transferencias nacionales no automáticas. La Provincia argumenta que tuvo que sostener programas y trabajos que antes contaban con financiamiento federal. Esa sustitución puede preservar servicios, pero también presiona sobre la caja bonaerense y exige priorizar proyectos según impacto, grado de avance y capacidad de terminación.
El año electoral agrega gastos específicos. La organización de los comicios, la logística, la seguridad, la impresión y el eventual funcionamiento de las PASO provinciales deben estar contemplados. Como las reglas todavía son objeto de disputa, la Legislatura podría aprobar partidas para un esquema que luego cambie. Por eso conviene identificar créditos contingentes y establecer cómo se reasignarán si las primarias se suspenden o modifican.
Los municipios serán actores decisivos. Los intendentes reclamarán fondos coparticipables, financiamiento para obras y previsibilidad para pagar salarios y servicios. En paralelo, gremios como ATE presionan por recomposiciones salariales. Una negociación que atienda únicamente a la deuda provincial puede fracasar si no incorpora las necesidades de los 135 distritos y la evolución del empleo público.
Kicillof deberá además administrar diferencias dentro de Unión por la Patria. La discusión sobre reelecciones municipales, vacantes en la Suprema Corte y calendario electoral se cruza con la aprobación del presupuesto. Vincular todos los expedientes puede facilitar acuerdos amplios, pero también convertir la ley de leyes en una mesa de intercambio donde se mezclen necesidades financieras con decisiones institucionales de largo plazo.
El próximo paso será conocer las planillas completas, las proyecciones macroeconómicas y el detalle del endeudamiento. Para que el presupuesto sea una herramienta creíble, deberá publicar metas físicas, criterios de distribución municipal, cronogramas de obra y escenarios alternativos ante menor recaudación. La negociación definirá no solo cómo termina la gestión de Kicillof, sino también con qué recursos y compromisos ingresará Buenos Aires al ciclo político de 2027.
