El ministro de Economía de Formosa, Jorge Ibáñez, describió un escenario en el que la disciplina fiscal provincial convive con una recaudación nacional y coparticipable en retroceso. Entre enero y octubre, las provincias habrían perdido casi un punto en términos reales. La Comisión Federal de Impuestos proyecta además un noviembre peor que octubre, lo que obliga a cerrar el ejercicio con un margen muy estrecho.
Ibáñez utiliza el comportamiento del IVA como indicador del consumo. Su caída mensual sugiere que la desaceleración no se limita a una rama productiva, sino que alcanza las compras cotidianas y la actividad comercial. Cuando el IVA se debilita, las provincias reciben menos coparticipación, los municipios pierden transferencias y las empresas enfrentan menor demanda, generando un circuito que afecta empleo y recursos públicos.
El ministro atribuye el deterioro al modelo económico nacional y sostiene que sus principales beneficiarios son grandes corporaciones y empresas vinculadas con petróleo, gas y minería. En contraste, señala dificultades en industria, pymes, comercio y construcción. Esa caracterización es política, pero plantea una cuestión verificable: cuánto crecen los sectores exportadores y cuánto empleo y recaudación derraman sobre el resto de la economía.
Formosa espera cerrar 2026 sin déficit fiscal. Ibáñez afirma que la Provincia no gasta más de lo que ingresa y que no mantiene bonos ni deuda en moneda extranjera. Esa posición reduce exposición a devaluaciones y refinanciaciones, pero no implica abundancia. El equilibrio puede lograrse postergando obras, conteniendo salarios o reduciendo compras, por lo que debe evaluarse junto con la calidad y cantidad de servicios.
La ausencia de deuda externa ofrece tranquilidad financiera, aunque limita la disponibilidad de recursos para infraestructura si la recaudación cae. Formosa necesita caminos, energía, agua, vivienda, salud y educación, y esos proyectos requieren inversión de largo plazo. La decisión no es simplemente endeudarse o no hacerlo, sino determinar qué obras pueden financiarse con recursos propios, cuáles necesitan crédito y bajo qué condiciones.
La dependencia de impuestos nacionales vuelve central la relación fiscal federal. Provincias con menor base tributaria propia sienten con mayor fuerza la caída del IVA y Ganancias. Si la Nación reduce además transferencias no automáticas, el ajuste se transmite a los gobiernos subnacionales. La discusión debería incluir reglas previsibles, compensaciones y mecanismos para evitar que las necesidades básicas dependan de decisiones discrecionales.
El planteo de impulsar consumo, industria, comercio y empleo de calidad exige instrumentos concretos. Crédito productivo, compras públicas, infraestructura, capacitación y políticas salariales pueden contribuir, pero cada herramienta tiene costo fiscal. Formosa deberá demostrar cómo sostendrá el equilibrio mientras financia la reactivación que reclama al Gobierno nacional.
El próximo paso será observar la recaudación de noviembre y el cierre efectivo de las cuentas. Para medir la fortaleza fiscal, conviene publicar ejecución presupuestaria, deuda flotante, pagos a proveedores, inversión real y salarios. Cerrar sin déficit es una señal relevante; la prueba más exigente será hacerlo sin deteriorar infraestructura, empleo público esencial y capacidad de respuesta social.
