La Cámara de Diputados de Salta aprobó la prórroga por un año de la emergencia hídrica vigente desde 2022 y envió el proyecto al Senado. El debate duró casi cuatro horas, tuvo alrededor de veinticinco oradores y terminó con un solo voto negativo, el de José Gauffín. La amplitud del respaldo no ocultó una contradicción: casi todos reconocen el riesgo hídrico, pero una parte importante cuestiona que la Provincia continúe gobernando el problema mediante una excepción renovada año tras año.
El oficialismo justificó la continuidad por la posible intensidad de El Niño y el riesgo de crecidas en las cuencas de los ríos Pilcomayo, Bermejo y Juramento. También señaló que Salta tiene 37 cuencas urbanas con peligrosidad alta o muy alta. La emergencia, según sus defensores, permite anticipar limpieza de canales, defensas, asistencia sanitaria, coordinación de recursos y respuestas rápidas tanto ante escasez como ante exceso de agua.
La herramienta otorga al Ejecutivo mayor flexibilidad para reasignar partidas, acelerar contrataciones y organizar el comité de crisis. Esa capacidad puede ser decisiva cuando una inundación exige actuar en horas, pero reduce controles ordinarios y concentra decisiones presupuestarias. Cuanto más se prolonga el régimen, mayor es la obligación de publicar qué recursos se utilizaron, qué contratos se celebraron y qué resultados produjeron.
Los diputados oficialistas afirmaron que existen miles de intervenciones y obras en ejecución y que la Nación dejó a Salta fuera de fondos específicos vinculados con El Niño. La defensa combina prevención climática y reclamo federal. Sin embargo, la enumeración de proyectos necesita una trazabilidad más precisa: ubicación, monto, porcentaje de avance, población beneficiada y capacidad concreta para asegurar agua potable o reducir inundaciones.
La Libertad Avanza cuestionó la falta de respuestas desde 2022, pero terminó acompañando la prórroga para que el Gobierno no alegara ausencia de herramientas. Franco Lastra sostuvo que el Ejecutivo ya dispone de facultades, Aguas del Norte y recursos para intervenir, mientras persisten barrios y localidades sin provisión regular. Otros legisladores advirtieron que la multiplicación de emergencias debilita la planificación y el control parlamentario.
José Gauffín fue el único voto en contra. Recordó que apoyó la primera declaración durante la crisis de abastecimiento del norte, pero interpretó las sucesivas renovaciones como una admisión de incapacidad para construir una política hídrica permanente. Su crítica se concentró en la falta de informes y en que los procedimientos excepcionales relajan controles sobre contrataciones y uso de fondos.
El dilema real no es elegir entre prevención y obras, sino integrar ambas. Una provincia expuesta a sequías, crecidas y tormentas intensas necesita capacidad de emergencia, pero también planes plurianuales, mantenimiento, redes de agua, plantas, defensas y mediciones públicas. La emergencia debería contener metas anuales y una salida programada, para que la excepción no reemplace indefinidamente a la política de infraestructura.
El Senado deberá decidir ahora si confirma la prórroga. Una aprobación responsable debería exigir un informe acumulado desde 2022, un tablero público de obras y contratos, prioridades para las comunidades sin agua segura y un cronograma para normalizar las facultades administrativas. La eficacia se medirá por la reducción de cortes, daños e inundaciones, no por la cantidad de años durante los cuales la emergencia permanezca vigente.
