La Legislatura porteña aprobó por 53 votos la emergencia hídrica y climática ante los riesgos asociados con el fenómeno El Niño. La ley establece un período inicial de seis meses, prorrogable por lapsos iguales, y otorga al Ejecutivo herramientas presupuestarias, operativas y de asistencia para responder a lluvias extraordinarias, anegamientos, sudestadas y crecidas del Río de la Plata. La decisión amplía la capacidad de acción del Gobierno, pero también crea obligaciones de seguimiento parlamentario.
La Ciudad fundamentó la medida en una combinación de vulnerabilidades. La impermeabilización del suelo, la alta densidad urbana y la presión sobre sumideros, conductos, reservorios y estaciones de bombeo reducen el margen de respuesta cuando las precipitaciones superan los promedios. El plan preventivo abarca las quince comunas y contempla 191 puntos de intervención, con monitoreo de pasos bajo nivel, red pluvial, bombas, grupos electrógenos y sistemas de comunicación.
El Ejecutivo podrá readecuar partidas, incorporar mayores ingresos y utilizar recursos con asignación específica para financiar prevención, mantenimiento, equipamiento y obras. Esa flexibilidad busca evitar que cada respuesta requiera una nueva ley durante una contingencia. El riesgo es que la emergencia se convierta en una autorización demasiado abierta; por eso, la trazabilidad de cada reasignación y la publicación de contratos, montos y prioridades serán esenciales para evaluar su uso.
La norma habilita subsidios no reintegrables para personas y empresas que sufran daños directos en inmuebles o vehículos. La autoridad de aplicación deberá definir montos, requisitos y procedimientos según la magnitud del perjuicio y la vulnerabilidad económica. El Banco Ciudad podrá ofrecer líneas de crédito a tasa preferencial para viviendas, consorcios y comercios. El esquema combina asistencia inmediata y financiamiento, pero deberá evitar demoras burocráticas que vuelvan inútil la ayuda.
Autopistas Urbanas S.A. podrá destinar ingresos netos de su concesión, una vez cubiertos sus gastos operativos, a obras vinculadas con la emergencia o transferirlos a Rentas Generales. La medida incorpora una fuente adicional de recursos, aunque obliga a transparentar qué proyectos se financian, cómo se seleccionan y qué compromisos propios de AUSA quedan postergados. La emergencia también permite reorganizar temporalmente personal, horarios y lugares de trabajo sin alterar la situación de revista.
El control quedará a cargo de una comisión especial integrada por autoridades de la Comisión de Presupuesto y ocho legisladores designados de acuerdo con la representación de los bloques. Podrá pedir información, formular observaciones, analizar subsidios, priorización de obras y dictaminar sobre las prórrogas. Para extender la emergencia, el Ejecutivo deberá presentar un informe sobre evolución climática, medidas ejecutadas y resultados, evitando que la excepcionalidad se renueve de manera automática.
La ley fue aprobada en una sesión atravesada por acuerdos entre el PRO y La Libertad Avanza. En la misma jornada se autorizó la emisión de hasta $600.000 millones en bonos para cancelar deudas con proveedores y se trataron reformas sobre habilitaciones comerciales, scoring, cobranza extrajudicial y servicios funerarios para animales. La amplitud del temario mostró una dinámica de intercambio legislativo en la que apoyos cruzados permitieron sancionar proyectos de naturaleza muy diferente.
El próximo desafío será transformar la emergencia en prevención verificable. La Ciudad deberá demostrar que las partidas se convierten en limpieza y ampliación de la red pluvial, mantenimiento de bombas, asistencia rápida y obras en zonas críticas. La comisión legislativa tendrá que publicar información periódica y distinguir gastos climáticos de obligaciones corrientes. La eficacia no se medirá por la cantidad de facultades delegadas, sino por la reducción de daños cuando ocurra el próximo evento extremo.
