El Gobierno de Tierra del Fuego convocó a los equipos económicos de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin para discutir la coparticipación y los ingresos federales en medio de una confrontación creciente. La reunión fue impulsada por el Ministerio de Economía de Alejandro Barrozo después de que el intendente Martín Pérez denunciara un “ahogo financiero” y estimara en alrededor de $18.000 millones los fondos pendientes para Río Grande.
El municipio sostuvo que las transferencias acumulaban atrasos de entre 45 y 50 días y que la deuda había crecido cerca de $2.000 millones en tres semanas. La Secretaría de Finanzas presentó una intimación formal y comparó el monto reclamado con el presupuesto anual del sistema municipal de salud. Para la ciudad, no se trata de pedir asistencia, sino de recibir recursos coparticipables que la Provincia ya habría percibido.
En la reunión del 3 de noviembre participaron representantes financieros de las tres ciudades. La Provincia describió un escenario general de insuficiencia de recursos, negó una distribución discrecional y expuso los montos transferidos entre enero y octubre. El planteo provincial es que la caída o demora de ingresos nacionales afecta la capacidad para cumplir en tiempo con todas las obligaciones municipales.
El encuentro no resolvió el punto principal. Río Grande informó después que su registro actualizado ubica la deuda en más de $17.294 millones y que no recibió un cronograma ni una propuesta concreta de cancelación. La minuta dejó asentado que el Ministerio intentará reducir las demoras y priorizar expedientes antiguos si llegan recursos extraordinarios de Nación; si no llegan, deberá elaborar otra alternativa.
La diferencia contable y política necesita una conciliación técnica. El municipio afirma contar con información del Ministerio de Economía nacional y con informes de los tribunales de cuentas provincial y municipal. La Provincia presenta sus propias series de transferencias. Sin una base común que identifique fecha de ingreso, porcentaje correspondiente, vencimiento y pago efectuado, cada parte seguirá utilizando cifras distintas y acusando a la otra.
Las demoras tienen impacto sobre servicios cotidianos. Río Grande señala que condicionan potabilización de agua, recolección de residuos, transporte, obras y dispositivos municipales de salud. Un municipio puede administrar temporalmente un descalce, pero atrasos de más de un mes obligan a postergar pagos, utilizar reservas o reducir prestaciones. La previsibilidad es tan importante como el monto final transferido.
Las partes acordaron mantener una mesa permanente, con próximos encuentros previstos para el 13 de noviembre en Tolhuin y el 24 de noviembre en Ushuaia. Esa continuidad evita una ruptura inmediata y ofrece una vía para revisar la evolución de recursos nacionales y provinciales. Sin embargo, el diálogo solo reducirá la tensión si produce compromisos cuantificados, fechas y un mecanismo automático de información.
El próximo paso debería ser una conciliación pública de cuentas y un plan de normalización. El Gobierno provincial necesita explicar qué fondos recibió, cuándo y cómo los distribuyó; los municipios deben presentar sus cálculos con la misma metodología. Un cronograma, alertas tempranas y publicación mensual de transferencias permitirían sacar la coparticipación de la disputa política permanente. Si no aparece una solución, la intimación administrativa puede convertirse en una demanda judicial con costos para todo el sistema fueguino.
