Río Negro comenzó a planificar las intervenciones sobre las rutas nacionales 22 y 151 después de firmar con Nación un convenio que abre el proceso de transferencia. El acuerdo permitirá a la Provincia gestionar, administrar y mantener tramos durante 20 años, pero no implica una recepción inmediata de toda la red. La incorporación será gradual, a medida que cada sector quede liberado de contratos, deudas y obligaciones previas y se completen los instrumentos jurídicos y operativos correspondientes.
El esquema general comprende alrededor de 518 kilómetros, mientras la primera etapa prevé recuperar unos 305 kilómetros. Los trabajos proyectados incluyen calzadas, banquinas, señalización, seguridad vial y mantenimiento. Para financiarlos se considera un crédito de hasta USD 60 millones del Fonplata. Ese monto es una proyección y no un presupuesto ejecutado: aún deben completarse trámites, condiciones de financiamiento, priorización de obras y cronogramas antes de convertirlo en desembolsos y contratos.
La Provincia identificó tres intervenciones iniciales: finalizar la rotonda de las rutas 22 y 250 en Choele Choel, actuar en el sector de Puente 83 de Cipolletti y reacondicionar la Ruta 151 entre Barda del Medio y Catriel. Son corredores sensibles para movilidad cotidiana, producción y conexión con Neuquén y Vaca Muerta. La selección marca prioridades, pero no ofrece todavía fechas completas de licitación, comienzo y terminación ni el costo individual de cada obra.
El convenio requiere aprobación legislativa rionegrina para perfeccionar el traspaso. La toma de posesión de los tramos liberados se prevé a los 60 días hábiles de completar los instrumentos, mientras Nación dispone de un plazo semejante para regularizar situaciones pendientes. Vialidad Nacional deberá entregar proyectos, estudios, relevamientos, planos y antecedentes. Río Negro no asumirá automáticamente certificados impagos, contratos, reclamos o contingencias anteriores a la transferencia.
La ausencia inicial de plazos y presupuesto definitivo obliga a separar planificación de ejecución. El Gobierno provincial debe definir qué estándar de ruta necesita, qué intervención es prioritaria y cómo sostendrá el mantenimiento después de las obras. Un crédito puede financiar la recuperación, pero la conservación futura exige recursos recurrentes. También deberán conocerse los mecanismos de contratación, control técnico, seguridad vial y coordinación con municipios, transportistas y sectores productivos afectados por los trabajos.
El gobernador Alberto Weretilneck presentó el acuerdo como una decisión de autonomía frente al deterioro acumulado y la falta de respuestas nacionales. La asunción provincial puede acortar la distancia entre demanda local y gestión, aunque también transfiere responsabilidades financieras y operativas significativas. La evaluación no debe limitarse a quién administra la ruta: importa si mejora el estado de la calzada, reduce siniestros, completa obras inconclusas y garantiza conectividad durante la transformación productiva del norte patagónico.
El proceso está iniciado, pero todavía no concluyó el traspaso ni comenzó toda la obra anunciada. La secuencia verificable será aprobación legislativa, regularización de tramos, entrega documental, toma de posesión, financiamiento, licitaciones y ejecución. Cada etapa puede modificar tiempos y costos. La Provincia deberá además asegurar transitabilidad mientras duren los trabajos, coordinar desvíos y publicar indicadores de siniestralidad y estado de calzada. El control de las obligaciones heredadas será decisivo para evitar que litigios o certificados anteriores consuman recursos del nuevo programa. La planificación ofrece un marco y tres prioridades; hasta que existan contratos y cronogramas públicos, no corresponde presentar la transferencia como una solución ya materializada para las rutas 22 y 151. Esa cautela no resta importancia al convenio, sino que ubica correctamente su etapa administrativa y financiera. Para usuarios y productores, el criterio final será la mejora comprobable del viaje y no la titularidad formal del corredor. La Provincia necesitará sostener esa mejora durante todo el plazo de 20 años. Ese horizonte todavía está abierto.
