El estado de las rutas nacionales llegó al Senado con un reclamo específico desde Santiago del Estero. José Emilio Neder cuestionó ante el administrador de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, el deterioro de la red, la reducción de recursos y la falta de respuestas sobre obras y mantenimiento. La discusión se produjo en la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, convocada para analizar la situación vial y el nuevo esquema de concesiones impulsado por el Gobierno nacional.
Neder sostuvo que el presupuesto real de Vialidad quedó 79% por debajo del nivel disponible tres años atrás y que su participación relativa es la más baja en tres décadas. El dato, presentado durante la reunión, busca explicar por qué se acumulan baches, banquinas dañadas y tramos con problemas estructurales. Para el legislador, la reducción ya no se expresa solamente en planillas presupuestarias: aparece en tiempos de viaje, seguridad y costos logísticos.
El senador añadió que casi seis de cada diez kilómetros relevados se encuentran en condición mala o regular. Describió sectores donde los conductores deben esquivar pozos o circular por la banquina, maniobras que elevan el riesgo de accidentes y aceleran el desgaste de vehículos. En una provincia atravesada por corredores de carga y conexiones interurbanas extensas, la conservación de la red nacional condiciona el movimiento de producción, pasajeros y servicios esenciales.
Otro eje del planteo fue el impuesto a los combustibles. Neder pidió que el Poder Ejecutivo explique cuánto se recauda, qué proporción se transfiere a la infraestructura vial y por qué los recursos no se reflejan en el estado de las rutas. La pregunta apunta al vínculo entre una carga que pagan usuarios y transportistas y la finalidad específica con la que fue creada. Sin información desagregada, sostuvo, resulta difícil controlar ejecución, prioridades y obras postergadas.
Campoy participó de la comisión para exponer el diagnóstico del organismo, los criterios de gestión y el sistema de concesiones que la Nación proyecta aplicar. La presencia del funcionario abrió un canal institucional, pero no cerró las diferencias. La oposición reclamó planes concretos de mantenimiento, cronogramas y financiamiento, mientras Vialidad defendió la necesidad de reorganizar la administración de la red y avanzar con mecanismos que incorporen operadores privados.
La discusión sobre concesiones agrega otra capa al problema. La transferencia de corredores puede modificar quién recauda peajes, quién ejecuta obras y bajo qué condiciones se controlan los contratos. Para las provincias, el punto decisivo es que el cambio de modelo no deje tramos fuera de los paquetes rentables ni sustituya inversiones inmediatas por promesas futuras. Santiago del Estero necesita respuestas sobre los corredores que atraviesan su territorio antes de que el nuevo sistema quede definido.
El reclamo también distingue mantenimiento de reconstrucción. Tapar baches o señalizar zonas críticas puede reducir riesgos en el corto plazo, pero los sectores con fallas estructurales requieren intervenciones más costosas. Cuanto más se demora esa decisión, mayor es el deterioro acumulado y más alto el presupuesto necesario para recuperar la calzada. Por eso Neder pidió que el Gobierno nacional asuma la responsabilidad sobre una red que continúa bajo su competencia mientras discute su reorganización.
La comisión deberá ahora convertir el intercambio en información verificable: ejecución presupuestaria, destino del impuesto a los combustibles, mapa actualizado del estado de las rutas y plazos del plan de concesiones. Para Santiago del Estero, el resultado se medirá en obras y mantenimiento, no solo en explicaciones. El próximo paso depende de Vialidad y del Ejecutivo nacional, que deberán precisar qué tramos intervendrán, con qué recursos y en qué calendario.
