El Gobierno de San Juan prepara la colocación de un bono por hasta USD 600 millones y considera el 29 de septiembre como la ventana más conveniente para salir al mercado. La operación todavía depende de las condiciones financieras y del precio que acepten los inversores, pero la fecha aparece como el objetivo de trabajo de los equipos técnicos. Los fondos se destinarán a infraestructura y podrían acelerar proyectos que hoy esperan una fuente de financiamiento de gran escala.
La emisión se diseñará para captar demanda tanto en plazas internacionales como dentro de Argentina. La proporción entre ambos mercados aún no fue definida y podrá modificarse según las órdenes recibidas. San Juan llega a esta etapa después de una ronda de presentación realizada a fines de julio en Estados Unidos y Londres, donde funcionarios provinciales expusieron la situación fiscal, la cartera de obras y la estructura prevista del instrumento ante potenciales compradores.
El interés obtenido en esas reuniones favorece la decisión, pero no elimina el principal condicionante: un riesgo país cercano a 500 puntos mantiene elevado el costo del crédito argentino. Para la Provincia, elegir la fecha no consiste solamente en encontrar demanda, sino en lograr una tasa compatible con la capacidad de repago y con el rendimiento económico de las obras. Una colocación apurada o cara podría reducir el beneficio de contar con recursos inmediatos.
El plan contempla que, una vez cerrada la operación y acreditados los pagos de los inversores, el dinero pueda ingresar a las cuentas provinciales en aproximadamente 24 horas. Esa disponibilidad permitiría definir licitaciones, contratos y cronogramas con una base financiera cierta. Sin embargo, la autorización para emitir y el interés del mercado no equivalen al desembolso: el monto final dependerá de las ofertas, el precio y la decisión provincial de aceptar o recortar la colocación.
Entre los destinos analizados figuran alrededor de treinta barrios del Instituto Provincial de la Vivienda, con posibilidad de ampliar el número según la suma efectivamente obtenida. También se consideran rutas, sistemas de agua y saneamiento y otras obras de infraestructura. La Ruta 40 Norte aparece como una alternativa para adelantar trabajos mientras se espera el flujo de otra fuente de financiamiento. La selección definitiva deberá compatibilizar madurez técnica, impacto y capacidad de ejecución.
El bono se diferencia de los USD 250 millones comprometidos en el acuerdo vinculado con Vicuña. Esos recursos tienen destinos específicos en rutas, agua y saneamiento, mientras la nueva emisión ofrecería a la Provincia un margen mayor para ordenar prioridades. El Gobierno busca combinar ambas fuentes y evitar que una reemplace a la otra. La disponibilidad de dos canales permitiría escalonar proyectos, aunque también exige coordinación para no superponer contratos o plazos.
El gobernador Marcelo Orrego y el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, deberán decidir cuánto emitir dentro del máximo autorizado y qué condiciones aceptar. La evaluación incluirá tasa, plazo, moneda, cronograma de pagos y distribución entre inversores. También deberán preservar una relación verificable entre endeudamiento y activos públicos construidos, porque el bono generará obligaciones futuras que continuarán después de concluida la etapa inicial de las obras.
La fecha del 29 de septiembre funcionará como objetivo mientras el mercado mantenga una ventana abierta. Si el riesgo país sube o las ofertas resultan costosas, San Juan puede postergar, reducir el monto o ajustar la estructura. Si la colocación avanza, la discusión pasará inmediatamente al calendario de licitaciones y ejecución. El éxito no se medirá solo por captar hasta USD 600 millones, sino por convertir el financiamiento en obras terminadas y en una deuda compatible con las cuentas provinciales.
