Mendoza presentó un proyecto de Ley de Ciberseguridad que busca establecer un marco permanente para proteger la infraestructura digital del Estado y los servicios públicos esenciales. De aprobarse, sería la primera norma provincial específica de este tipo en Argentina.
La iniciativa fue expuesta en la Legislatura por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto con la vicegobernadora Hebe Casado y autoridades de ambas cámaras. El proyecto había sido anticipado por el gobernador Alfredo Cornejo durante la White Hat Conference 2026.
La propuesta alcanza a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de empresas y proveedores que brinden servicios digitales, conectividad, software, almacenamiento o infraestructura tecnológica al Estado. Los municipios podrán adherir voluntariamente.
El texto prevé la creación de un Comité de Conducción Estratégica de Ciberseguridad, un Centro de Operaciones de Seguridad y un Equipo de Respuesta ante Incidentes. También establece un Registro Provincial de Incidentes para centralizar información, medir tiempos de reacción y elaborar estadísticas.
La ley incorpora medidas específicas para proteger sistemas vinculados con salud, educación, seguridad, justicia, hacienda, identidad digital y transporte. Además, obliga a implementar un régimen integral de gobernanza de datos durante todo su ciclo de vida.
Uno de los aspectos más novedosos es un programa de divulgación responsable que permitirá a investigadores, especialistas y hackers éticos reportar vulnerabilidades bajo reglas de confidencialidad y protección legal.
El proyecto también contempla campañas de alfabetización digital, un régimen progresivo de sanciones y mecanismos más ágiles para contratar y actualizar herramientas tecnológicas destinadas a la defensa de la información pública.
