El Gobierno de La Rioja solicitó ser admitido como querellante en la causa federal que investiga el destino de recursos del Sistema Vial Integrado. La presentación sostiene que más de $1 billón con asignación específica para construcción, conservación y mantenimiento de rutas fue colocado en plazos fijos y letras del Tesoro. La Justicia todavía debe resolver la participación provincial.
Según la documentación aportada, al 31 de mayo de 2026 había $1.001.017.908.957 del SISVIAL invertidos en instrumentos financieros. La provincia afirma que durante los primeros dos años y medio de la gestión nacional se asignaron cerca de $1,5 billones al sistema, pero solo $394.406 millones fueron destinados a obras y mantenimiento, equivalentes al 26,2% del total.
El escrito, presentado por Ricardo Quintela en representación del Estado riojano, pide investigar posibles delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Menciona a Javier Milei, Luis Caputo y funcionarios de Vialidad Nacional y Banco Nación que hayan intervenido. Son hipótesis de la denuncia: no existe condena ni atribución judicial definitiva.
La Rioja sostiene que la subejecución afectó rutas de su territorio. Cita la falta de renovación de un convenio para mantener la Ruta Nacional 76 y afirma que la Provincia destinó cerca de $900 millones propios para garantizar su transitabilidad. También menciona la obra paralizada en la Quebrada de Santo Domingo y deterioros en las rutas nacionales 78, 79 y 141.
El debate jurídico deberá determinar si las colocaciones fueron una administración transitoria de recursos o un desvío permanente respecto de su finalidad legal. La sola existencia de inversiones financieras no resuelve esa cuestión: será necesario examinar el régimen del fideicomiso, los plazos, las instrucciones administrativas, la disponibilidad de los fondos y las obligaciones concretas de ejecución vial.
Además de pedir su incorporación como parte, el Gobierno riojano reclamó el resguardo de expedientes, correos electrónicos, registros contables, movimientos bancarios e instrucciones vinculadas con las operaciones. La medida busca evitar la pérdida de evidencia, pero no implica que la Justicia haya validado la acusación. El caso permanece en una etapa inicial y las responsabilidades deberán establecerse con prueba y derecho de defensa.
