El Centro de Viñateros y Bodegueros del Este reclamó al Gobierno de Mendoza que intervenga ante el estancamiento o la caída de los precios del vino, la escasez de operaciones y el aumento de los costos. La entidad sostuvo que electricidad, combustibles, insumos y servicios continúan encareciéndose sin una reducción paralela de impuestos municipales, provinciales o nacionales.
El planteo puso en primer plano al Banco de Vinos, creado para actuar frente a desequilibrios del mercado. La organización pidió que se utilice esa herramienta mientras su legislación siga vigente. También recordó que hace más de un año propuso un operativo para impulsar exportaciones de vino a granel, además de la activación del organismo, sin obtener la respuesta que esperaba.
La entidad aclaró que no cuestiona las políticas provinciales orientadas a energía, minería y petróleo, pero consideró relegada a la vitivinicultura. Su argumento es que el sector no sólo produce vino: sostiene empresas, empleo, familias y arraigo en numerosos departamentos. Esa interpretación forma parte del reclamo institucional y no constituye una decisión oficial sobre prioridades presupuestarias.
La preocupación también alcanzó las condiciones de venta. El Centro enumeró contratos cuya copia no queda en manos del vendedor, demoras entre el acuerdo y el retiro del producto, pagos computados desde ese retiro y no desde la operación, requisitos agregados después y renegociaciones cuando el volumen ya está comprometido. Según la entidad, esas prácticas reducen previsibilidad y trasladan el costo financiero.
El comunicado rechazó que esas asimetrías sean tratadas únicamente como problemas entre privados. Sostuvo que, cuando ciertas prácticas se generalizan, el Estado puede generar reglas más transparentes o aplicar instrumentos de intervención. La afirmación refleja la posición de viñateros y bodegueros del Este; no implica que las situaciones mencionadas hayan sido verificadas en todas las operaciones del mercado.
El sector relacionó la pérdida prolongada de rentabilidad con menor inversión, deterioro de explotaciones, menos empleo y debilitamiento del arraigo rural. También aclaró que no existe una relación directa entre bajo precio y delito, aunque considera que un territorio productivo activo mejora la prevención. El pedido concreto es utilizar herramientas existentes; la respuesta gubernamental y sus eventuales medidas permanecen pendientes.
