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Mendoza ratificó dos aviones y rechazó el esquema antigranizo pedido por San Rafael

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Omar Félix solicitó tres aeronaves por al menos ocho años y que la Provincia cubriera la mitad de los costos operativos. El ministro Rodolfo Vargas Arizu mantuvo la oferta de dos equipos, cuestionó la evidencia municipal y defendió priorizar la asistencia directa frente a las heladas, que concentran la mayor superficie dañada.

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La próxima temporada antigranizo del sur mendocino quedó atravesada por un desacuerdo abierto entre San Rafael y el Gobierno provincial. El intendente Omar Félix reclamó tres aviones, una cesión mínima de ocho años y financiamiento provincial para 50% de la operación. La respuesta de la cartera de Producción fue negativa: Rodolfo Vargas Arizu ratificó que Mendoza entregará dos aeronaves y sostuvo que la prioridad oficial seguirá puesta en mecanismos de asistencia directa a productores.

Félix fundamentó el pedido de una tercera unidad en la necesidad de contar con respaldo mientras los otros equipos aterrizan, cargan combustible y reponen bengalas y cartuchos. Según el municipio, operar solo con dos aviones puede dejar períodos sin cobertura durante tormentas intensas. El planteo adquiere urgencia ante los pronósticos climáticos asociados con un episodio de El Niño fuerte, que podría incrementar la formación de granizo y exigir vuelos continuos sobre zonas productivas extensas.

La propuesta municipal también distribuyó los costos. San Rafael pidió que la Provincia sostuviera la mitad del funcionamiento y que el otro 50% fuera aportado por San Rafael y General Alvear, en una proporción de 70% y 30% definida por las hectáreas protegidas. Además, reclamó fondos provinciales para mantenimiento y taller, material de siembra, seguros, infraestructura aeroportuaria, radarización e información meteorológica, componentes sin los cuales la disponibilidad de los aviones resulta insuficiente.

Los dos municipios llevan dos temporadas a cargo del sistema aéreo en el sur, después de que la administración provincial modificara su participación directa. Alejandro Molero, intendente de General Alvear, señaló que su comuna dispone de logística e infraestructura para continuar. San Rafael también aceptó sostener el operativo, pero condicionó la continuidad a una cooperación financiera más amplia. El desacuerdo no gira, por tanto, sobre la existencia del sistema, sino sobre su escala, reparto de responsabilidades y fuente de recursos.

Vargas Arizu rechazó ampliar la cesión y cuestionó el sustento estadístico utilizado para defender la efectividad del combate aéreo. La Provincia presentó datos de las últimas diez temporadas: sobre 136.809 hectáreas con pérdidas por contingencias climáticas, 104.428, equivalentes a 76,3%, fueron afectadas por heladas; 32.381 hectáreas, 23,7%, sufrieron granizo. Con esa comparación, el Ejecutivo justificó asignar mayor peso a fondos de compensación directa que al financiamiento de una tercera aeronave.

La discusión enfrenta dos criterios de política productiva. Los municipios sostienen que la prevención aérea evita daños antes de que ocurran y protege cosechas, empleo y actividad regional. La Provincia responde que las heladas explican más de tres cuartas partes de la superficie perdida y que conviene concentrar recursos en asistencia económica a quienes resulten afectados. Ninguna de las posiciones elimina el otro riesgo: una temporada puede combinar granizo severo, bajas temperaturas y capacidad presupuestaria limitada.

San Rafael expuso cifras que ubican en unas 5.300 hectáreas el promedio anual afectado durante las últimas dos décadas, con registros inferiores en las campañas recientes: alrededor de 2.300 hectáreas en 2024/25 y 2.900 en 2025/26. El municipio interpreta esa evolución como evidencia favorable al sistema. La Provincia objeta que la relación causal no está demostrada y compara esos daños con los provocados por heladas. La disputa técnica determinará cuánto dinero se asigna a prevención y cuánto a compensación.

Antes del inicio de la etapa de tormentas, las partes deberán definir la transferencia efectiva de los dos aviones, las condiciones de mantenimiento, la provisión de insumos y el presupuesto operativo. San Rafael puede aceptar el esquema reducido, reformular su pedido o buscar aportes adicionales junto con General Alvear y productores. La decisión provincial ya fijó un límite: no habrá una tercera aeronave. Lo pendiente es saber si ese límite permite construir un operativo compartido o prolonga un conflicto en plena temporada agrícola.

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