La Legislatura porteña aprobó una modificación de la Carta Orgánica del Banco Ciudad para establecer un destino mínimo de sus utilidades distribuibles. La nueva regla exige que al menos el 25% del remanente disponible sea aplicado a créditos hipotecarios. La iniciativa reunió 31 votos afirmativos y fue presentada por La Libertad Avanza con trabajo conjunto de otros sectores. La decisión crea un piso específico donde antes no existía una proporción mínima obligatoria para vivienda.
El porcentaje no se calcula automáticamente sobre toda la ganancia contable del banco. La norma se refiere al remanente que quede disponible después de las determinaciones patrimoniales y financieras correspondientes. Esa precisión importa porque una entidad pública necesita reservas, previsiones y capital para sostener su solvencia y su capacidad de préstamo. La cifra efectiva destinada a hipotecas dependerá, por lo tanto, del resultado anual, las decisiones de capitalización autorizadas y el monto que finalmente pueda distribuirse.
El texto dispone que la porción no aplicada a créditos hipotecarios sea transferida al Gobierno de la Ciudad para ejecutar obras estratégicas de infraestructura. De ese modo, las utilidades distribuibles quedan vinculadas a dos finalidades públicas: acceso a la vivienda e inversión urbana. La norma no identifica por anticipado qué obras recibirán recursos ni cuánto dinero ingresará cada año. Esos datos deberán surgir de los balances del Banco Ciudad, las decisiones presupuestarias y los mecanismos de control posteriores.
La Ciudad mantiene la facultad de aprobar reducciones en el monto global a distribuir cuando sea necesario reinvertir en proyectos de capitalización del propio banco. Esa cláusula evita que el piso hipotecario se interprete como una obligación de extraer recursos que comprometa el funcionamiento de la entidad. Al mismo tiempo, exigirá fundamentos claros: una reducción del remanente disminuye tanto los fondos para vivienda como los destinados a infraestructura. La transparencia de esa decisión será central para evaluar si la excepción protege solvencia o debilita el objetivo legislativo.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, presentó la medida como una ampliación de oportunidades para la clase media. Sin embargo, una mayor fuente de fondeo no garantiza por sí sola el acceso efectivo al crédito. Tasas, plazos, relación cuota-ingreso, actualización, valor de las propiedades y requisitos de elegibilidad determinan quién puede obtener una hipoteca. Tampoco se anunciaron en esta instancia nuevas líneas, cupos, montos máximos o condiciones diferenciales vinculadas directamente con la reforma.
La modificación puede dar mayor previsibilidad a la política crediticia porque establece una regla recurrente, pero sus resultados solo podrán medirse con información anual comparable. Será necesario conocer el remanente distribuible, el 25% efectivamente aplicado, la cantidad y localización de préstamos, el valor promedio, la tasa de aprobación y la mora. También convendrá distinguir entre créditos nuevos y recursos usados para sostener programas existentes, evitando contabilizar como expansión lo que sea una reasignación interna.
La aprobación combina una señal política sobre vivienda con una decisión sobre el uso de los dividendos de una entidad pública. Su alcance inmediato es institucional: cambia la Carta Orgánica y ordena prioridades. El impacto social aparecerá si el banco traduce ese piso en financiamiento accesible sin deteriorar su patrimonio. También será importante saber si el nuevo fondeo alcanza a hogares que hoy quedan fuera por ingresos o si se concentra en solicitantes que ya cumplían los requisitos tradicionales. El control legislativo y la publicación de resultados permitirán establecer si la reforma amplía el mercado hipotecario porteño o si queda limitada por la disponibilidad de utilidades y las condiciones macroeconómicas. La primera aplicación anual ofrecerá la referencia necesaria para medir la distancia entre el cambio normativo y la cantidad real de viviendas financiadas. Esa comparación deberá publicarse.
