El Gobierno de la Ciudad convocó para el 22 de diciembre una audiencia pública destinada a discutir un nuevo cuadro tarifario para subte y Premetro. La propuesta prevé llevar el boleto general a $2.104 durante 2027 y aplicar durante doce meses una fórmula de actualización mensual que combine 2% adicional con la variación del Índice de Precios al Consumidor.
La decisión se formalizó mediante el Decreto 390/26 y forma parte de la política de Jorge Macri para reducir la distancia entre tarifa y costo operativo. El nuevo valor comenzaría a regir después del quinto día hábil de publicada la aprobación definitiva. La audiencia es obligatoria, pero no vinculante: permite objeciones y aportes, aunque la decisión final permanece en manos del Ejecutivo.
El componente más novedoso es la indexación mensual. Un esquema IPC más 2% evita grandes saltos concentrados, pero puede generar una trayectoria de aumentos persistentes superior a la inflación. Para los usuarios, la ventaja es mayor previsibilidad; el riesgo es que el boleto gane peso sobre ingresos que no se actualizan con la misma frecuencia.
Jorge Macri deberá explicar qué parte del costo cubre actualmente la tarifa, cuánto subsidia la Ciudad y qué metas de reducción de subsidio persigue. Sin esa información, discutir solamente el precio final deja incompleto el análisis. También es necesario conocer costos laborales, energía, mantenimiento, material rodante, inversiones y cantidad de pasajeros.
La calidad del servicio debe formar parte de la audiencia. Un aumento sostenido puede ser defendible si se vincula con frecuencia, limpieza, seguridad, accesibilidad, mantenimiento y obras. Si la tarifa sube de manera automática mientras esos indicadores no mejoran, la fórmula corre el riesgo de ser percibida como un mecanismo fiscal antes que como una política de transporte.
El Premetro y los distintos descuentos también necesitan tratamiento específico. La política tarifaria debe contemplar tarifa social, pases, combinaciones y usuarios frecuentes. La estructura de descuentos puede ser tan importante como el valor nominal porque determina quién absorbe realmente el ajuste.
El mecanismo mensual también plantea una cuestión institucional: qué sucede si la inflación cambia bruscamente o si el servicio atraviesa interrupciones relevantes. Una fórmula automática debería incluir revisiones, topes o mecanismos de suspensión bajo condiciones excepcionales, para evitar que la indexación funcione sin relación con el desempeño real.
El 22 de diciembre será la instancia para discutir números y condiciones. El Gobierno de Jorge Macri necesita demostrar que la suba responde a un plan de sostenibilidad y mejora, no solo a una necesidad de caja. La legitimidad del nuevo cuadro dependerá de publicar costos, subsidios, metas de servicio y efectos distributivos antes de aplicar la actualización.
