La Cámara de Diputados de Entre Ríos cerró una etapa clave del tratamiento del Presupuesto 2027 con el dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas. El trámite fue articulado por Bruno Sarubi, presidente del cuerpo, y deja el proyecto en condiciones de avanzar al recinto. La discusión se inserta en una agenda legislativa más amplia que incluye seguridad penitenciaria, salud pública y reforma del régimen de obras.
El dictamen presupuestario no es un acto meramente formal. Define qué observaciones quedaron incorporadas, qué objeciones continúan abiertas y qué mayoría puede construirse para la sanción. En un año preelectoral, el presupuesto funciona además como programa de gobierno: fija recursos, prioridades, autorizaciones financieras y capacidad de ejecución para el último tramo antes de 2027.
Bruno Sarubi aparece como protagonista porque la Comisión de Hacienda concentra la negociación técnica y política. Su tarea no consiste solo en defender cifras del Ejecutivo, sino en ordenar pedidos de información, comparar proyecciones de ingresos y gastos y construir condiciones para que el proyecto llegue al recinto con previsibilidad. Esa función se vuelve más relevante cuando oficialismo y oposición intentan marcar diferencias sin bloquear el funcionamiento del Estado.
En paralelo, Diputados dio media sanción a la creación de 100 cargos para el Servicio Penitenciario. Sarubi justificó la medida con una relación de 1.404 efectivos para 3.162 internos. El dato expone una presión concreta sobre el sistema carcelario y obliga a discutir no solo cantidad de agentes, sino formación, distribución, condiciones de trabajo y capacidad de reinserción.
La sesión también avanzó con medidas vinculadas a salud mental, donación de sangre y transferencia de bienes a municipios y comunas para efectores de salud. Esa combinación muestra que el Presupuesto 2027 no puede leerse aislado de las políticas que luego deberá financiar. Cada nueva obligación legislativa necesita una partida, una autoridad responsable y un mecanismo de evaluación.
La Comisión de Obras Públicas comenzó además a analizar modificaciones a la Ley 6.351. Una reforma del régimen de obra pública puede cambiar procedimientos de contratación, certificación, control y ejecución. Si se combina con el presupuesto, puede afectar la velocidad con que se transforman créditos en infraestructura. El desafío es acelerar sin reducir transparencia ni competencia.
El debate presupuestario debería incorporar indicadores físicos además de montos. No alcanza con conocer cuánto dinero se asigna a seguridad, salud u obras; también hace falta saber cuántos agentes se incorporarán efectivamente, qué proyectos se terminarán, qué plazos tendrán y qué resultados deberán mostrar. Esa información permite controlar ejecución durante el año y no solo votar autorizaciones iniciales.
El próximo paso será llevar el Presupuesto 2027 al recinto y luego al Senado, según corresponda. Sarubi tendrá que sostener el equilibrio entre disciplina oficialista y apertura a correcciones. La calidad de la ley dependerá de que las partidas sean realistas, las autorizaciones financieras estén acotadas y el seguimiento legislativo continúe después de la aprobación.
