La Bolsa de Comercio de Mendoza reunió al gobernador Alfredo Cornejo, intendentes, legisladores, empresarios y economistas para discutir una agenda de desarrollo que trascienda el calendario electoral. La convocatoria partió de una pregunta básica: qué acuerdos necesita la provincia para crecer, atraer inversiones, generar empleo y ampliar exportaciones sin reiniciar la estrategia cada vez que cambia una administración.
El punto de partida fue el orden fiscal construido durante la última década. Para el oficialismo, la estabilidad de las cuentas ofrece una base para una segunda generación de reformas. Sin embargo, la disciplina presupuestaria es una condición y no un programa de desarrollo completo. Debe vincularse con productividad, infraestructura, capital humano, financiamiento y capacidad de innovación de las empresas.
La inversión privada ocupó un lugar central. Los participantes plantearon la necesidad de reglas previsibles, trámites menos costosos y alternativas de crédito para actividades productivas. Mendoza enfrenta restricciones propias de una economía regional: distancia de mercados, logística, escasez hídrica, volatilidad macroeconómica y dependencia de sectores como el vino, la energía, la minería, la agroindustria y el turismo.
El financiamiento productivo aparece como uno de los cuellos de botella. Las pymes necesitan capital de trabajo, tecnología y plazos largos para invertir, mientras los mercados de crédito argentinos suelen ser caros y breves. La Bolsa puede aportar instrumentos, garantías y vínculos con inversores, pero cualquier agenda debe especificar qué sectores priorizar, cómo compartir riesgos y qué indicadores utilizar para medir adicionalidad.
Empleo y exportaciones fueron presentados como resultados principales. El desafío es evitar que se conviertan en consignas abstractas. Una política exportadora requiere inteligencia comercial, certificaciones, infraestructura, promoción, acuerdos logísticos y estabilidad tributaria. Una política de empleo necesita formación vinculada con la demanda real, movilidad, vivienda y servicios en las zonas donde se concentran nuevas inversiones.
El encuentro también tuvo una dimensión política porque Mendoza se aproxima a una sucesión provincial. Construir políticas de Estado supone que oficialismo y oposición acuerden ciertos objetivos sin renunciar a sus diferencias. Para que el consenso sea genuino, debe incluir prioridades, costos y mecanismos de revisión, y no funcionar como una fotografía institucional destinada únicamente a transmitir armonía.
La agenda hídrica debería ocupar un lugar transversal. Ninguna estrategia de crecimiento mendocina es sostenible sin eficiencia en riego, infraestructura, medición, reúso y reglas para distribuir un recurso escaso. Energía, minería, agricultura, urbanización e industria compiten por agua. El desarrollo necesita decisiones transparentes que integren productividad con seguridad ambiental y legitimidad social.
El próximo paso será transformar el debate en una hoja de ruta pública. Esa agenda debería identificar diez o quince proyectos prioritarios, responsables, plazos, fuentes de financiamiento y metas de empleo, exportación e inversión. Si el espacio logra seguimiento periódico, puede convertirse en una plataforma de continuidad. Si queda en declaraciones generales, la Mendoza del futuro seguirá dependiendo de la coyuntura y de cada campaña.
