El proyecto de Presupuesto 2027 del Chaco ingresó en una etapa de debate legislativo atravesada por dos lecturas opuestas. El Gobierno de Leandro Zdero presenta una programación con recursos por $5,95 billones, gastos por $5,90 billones y un superávit financiero estimado en $56.080 millones. La oposición sostiene que ese equilibrio convive con un volumen elevado de deuda, autorizaciones financieras amplias y partidas insuficientes para problemas urgentes.
El Poder Ejecutivo concentra alrededor del 84% de las erogaciones. El gasto corriente representa 83,7% del total y el gasto de capital 16,3%. La estructura muestra un Estado fuertemente condicionado por salarios, transferencias, funcionamiento y servicios, aunque conserva casi $963.427 millones para inversiones. La discusión central será cuánto de ese capital puede ejecutarse efectivamente y con qué prioridad territorial.
El capítulo financiero concentra las mayores objeciones. El proyecto solicita emitir Letras del Tesoro por hasta $300.000 millones, con vencimientos que podrían extenderse hasta fines de 2028, y prevé $650.183 millones para amortizar deuda. Aunque las Letras se justifican como herramienta para descalces estacionales de caja, su magnitud obliga a informar tasas, plazos, garantías y uso de la coparticipación como respaldo.
Sebastián Benítez Molas cuestionó además que la deuda provincial se habría duplicado y que no existe suficiente detalle sobre el destino de los fondos tomados. Su espacio presentó un despacho alternativo en la Comisión de Hacienda y anticipó que no acompañará el texto oficial sin cambios. La comparación entre los $8.000 millones utilizados en emisiones anteriores y los $300.000 millones solicitados busca instalar una alerta sobre el salto de escala.
La oposición también reclama modificar las prioridades de salud, educación e infraestructura hídrica. Señala dificultades del sistema sanitario, conflicto salarial docente y reducción de recursos para la Administración Provincial del Agua. El oficialismo podrá responder con los $1,34 billones identificados para educación y las partidas transversales de niñez, pero deberá demostrar que los créditos alcanzan para salarios, insumos, edificios y respuesta ante emergencias.
El presupuesto incorpora $48.000 millones para Chaco Subsidia y una planta de 74.294 cargos, más 282.623 horas cátedra. Estos números muestran la dimensión social y laboral de la ley. Cualquier ajuste de partidas puede afectar tarifas, servicios o empleo público. Por eso el análisis no debería limitarse a porcentajes globales: hacen falta metas por programa, cantidad de beneficiarios y costos unitarios.
Benítez Molas vinculó el debate presupuestario con una enmienda constitucional para unificar elecciones provinciales y nacionales. La propuesta busca reducir costos, pero introduce una discusión electoral dentro de la ley de gastos. Conviene separar ambos planos: el presupuesto debe garantizar recursos y control para 2027, mientras las reglas electorales requieren un debate específico, con impacto democrático y no solo fiscal.
El próximo paso será comparar el proyecto oficial con el despacho alternativo y abrir información sobre deuda, Letras, APA, salud y educación. Un superávit inferior a 1% del gasto ofrece poco margen ante inflación, caída de recursos o emergencias. La credibilidad del presupuesto dependerá de su capacidad para financiar servicios esenciales sin transformar la autorización financiera en una deuda creciente y opaca.
