La Cámara de Diputados abrió una negociación legislativa sobre la emergencia en discapacidad y el endeudamiento de los hogares después de que la oposición reuniera quórum para una sesión incómoda para el Gobierno. El oficialismo logró impedir que los proyectos fueran tratados de inmediato, porque esa decisión requería una mayoría especial, pero no pudo evitar que se fijara un cronograma de trabajo. El resultado no produjo todavía nuevas leyes: estableció fechas, comisiones y condiciones para que ambos asuntos avancen durante septiembre y puedan llegar al recinto en octubre.
La disputa comenzó fuera del hemiciclo. Karina Milei mantuvo contactos con los gobernadores Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo para intentar que sus diputados no contribuyeran al quórum. La gestión no modificó la conducta de esos bloques provinciales. Cuando quedó claro que la oposición podía abrir la sesión, La Libertad Avanza incorporó parte de su bancada al recinto y pasó de una estrategia de bloqueo a otra de administración del debate. Ese movimiento evitó una derrota más amplia, pero confirmó los límites de su capacidad de alineamiento territorial.
Los opositores intentaron habilitar el tratamiento sobre tablas, un mecanismo que permite discutir sin el recorrido previo por comisiones. No alcanzaron los dos tercios exigidos y, por lo tanto, no hubo votación de fondo. Sin embargo, la Cámara aprobó por unanimidad un calendario para producir dictámenes. La diferencia institucional es central: el Congreso no sancionó una prórroga ni una respuesta al sobreendeudamiento, pero obligó a las autoridades de las comisiones a reunirlas en plazos determinados. El conflicto se trasladó así desde el quórum hacia la redacción final de los proyectos.
En discapacidad, el plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto tendrá una reunión informativa el 16 de septiembre y buscará emitir dictamen el 23. El texto tomado como referencia, presentado por Juan Marino, propone extender por un año la emergencia. El oficialismo sostiene que la norma vigente ya fue cumplida y anticipó que intentará reemplazar la prórroga por una regulación permanente. Esa diferencia define el próximo debate: si la urgencia requiere continuidad inmediata o si puede incorporarse a un sistema estable sin interrumpir prestaciones y pagos.
La situación financiera del sector añade presión. Durante las exposiciones se informó que se presentaron 90.700 solicitudes vinculadas con el régimen y que 10.700 fueron aceptadas, mientras prestadores denunciaron una deuda cercana a 70.000 millones de pesos y valores de transporte desactualizados. Alejandro Vilches reconoció compromisos pendientes, aunque no precisó una fecha de cancelación. El PRO reclamó pagos y varios bloques que antes acompañaron al Gobierno dejaron saber que no volverán a votar contra una respuesta para discapacidad. Esas posiciones reducen el margen oficial para demorar una salida.
El endeudamiento de las familias seguirá un recorrido separado. Las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor realizarán una reunión informativa el 22 de septiembre y procurarán dictaminar el 29. La agenda reúne alrededor de cincuenta iniciativas sobre créditos, cobranzas, tarjetas y protección de usuarios. Para asegurar el acuerdo, quedaron afuera los proyectos con costo fiscal directo. Pablo Juliano participó de esa negociación y aceptó acotar el temario, una decisión que facilita un texto común pero también limita la capacidad de abordar mediante gasto público las consecuencias más graves de la mora.
La Libertad Avanza conserva una ventaja: preside o controla espacios decisivos y necesita impedir que la oposición reúna la mitad más una de las firmas en cada plenario. No obstante, ya no puede cerrar el debate sin pagar un costo político. Los bloques provinciales demostraron autonomía frente a los pedidos de la Casa Rosada, y las bancadas opositoras encontraron una fórmula intermedia entre sancionar de inmediato y abandonar los proyectos. El oficialismo deberá decidir si negocia cambios sustantivos o utiliza las comisiones para dilatar, con el riesgo de volver a reunir una mayoría adversa.
Las fechas de septiembre funcionarán como prueba de esa voluntad. Si las reuniones producen dictámenes, la oposición intentará llevar ambos asuntos al recinto durante octubre; si fracasan, deberá volver a reunir apoyos y exponer dónde se bloqueó el trámite. Para los gobernadores, el episodio mostró que acompañar al Gobierno nacional ya no es una conducta automática cuando están en juego demandas sociales y económicas de sus provincias. Para la Casa Rosada, la tarea inmediata es transformar presión política insuficiente en una negociación parlamentaria capaz de evitar otra derrota.
