La Municipalidad de Centenario ratificó las cesantías de cuatro agentes después de que la conciliación obligatoria con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Centenario terminara sin acuerdo en la Subsecretaría de Trabajo de Neuquén. Los despidos habían sido ejecutados a comienzos de mayo, luego de sumarios administrativos por inasistencias prolongadas. El Ejecutivo que conduce el intendente Esteban Cimolai afirmó que no dará marcha atrás, mientras el conflicto queda encaminado hacia la revisión administrativa o judicial.
En la audiencia participaron, por el SOEMC, su abogado Federico Egea y los dirigentes Vanesa Yevenes, Horacio Juárez y Gustavo Herrera. El municipio estuvo representado por el subsecretario de Recursos Humanos, Mariano Brage. El acta dejó constancia de que no existió posibilidad de acercamiento entre las partes. Al agotarse la conciliación, el sindicato pidió libertad de acción, una condición que le permite organizar nuevas medidas de fuerza después del fracaso de la instancia formal.
La organización gremial cuestiona especialmente dos de las cuatro cesantías porque, según su posición, alcanzaron a delegados sindicales. El SOEMC sostiene que el municipio debía tramitar antes un procedimiento de exclusión de tutela para poder desvincularlos. También incorporó reclamos por denuncias de violencia laboral que, afirma, no recibieron respuestas ni medidas de prevención. Esos argumentos integran la impugnación sindical y todavía no constituyen una resolución judicial sobre la validez de los despidos.
El Ejecutivo municipal ofreció una versión opuesta. En un comunicado aseguró que los cuatro casos surgieron de sumarios en los que se garantizó el derecho de defensa, con oportunidades para presentar descargos, pruebas y circunstancias personales, familiares, sociales o de salud. Según la administración local, ninguna de esas instancias permitió justificar las ausencias prolongadas ni desvirtuar los incumplimientos. La Municipalidad también aclaró que las cesantías pueden ser revisadas por las vías administrativas y judiciales correspondientes.
El conflicto incluyó cambios dentro del área de Agua y Saneamiento. Cimolai aceptó por razones de salud la renuncia del secretario responsable y asumió transitoriamente la conducción hasta nombrar un reemplazo, una medida que respondía parcialmente a pedidos gremiales. También avanzó un sumario contra el subsecretario del área. Esas decisiones modificaron la conducción, pero no alteraron el punto principal: el municipio mantuvo las cuatro cesantías y el sindicato rechazó cerrar el reclamo sin reincorporaciones.
La gestión incorporó la política salarial a su defensa y afirmó que, entre enero de 2024 y abril de 2026, los sueldos municipales aumentaron 410,68% frente a una inflación acumulada de 271,43%. Presentó la diferencia, superior a 139 puntos porcentuales, como recuperación del poder adquisitivo; esa comparación no resuelve por sí misma la legalidad de las cesantías. El próximo resultado verificable surgirá de eventuales medidas gremiales y de la revisión administrativa o judicial, donde deberán confrontarse los sumarios por inasistencias con la tutela sindical invocada para dos trabajadores.
