El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, comparecerá el 3 de septiembre ante el Concejo Deliberante para responder un pedido de juicio político. La exposición se realizará en una sesión especial solicitada por el propio jefe comunal y aprobada por unanimidad. La convocatoria no significa que el procedimiento de remoción ya esté abierto: funcionará como una instancia previa para que los concejales escuchen su descargo y decidan después si la presentación tiene fundamentos suficientes.
Dos vecinos habían pedido formalmente que Saloniti fuera sometido a juicio político. El Concejo desestimó uno de esos planteos por falta de argumentos y mantuvo en análisis el presentado por Valeria López. La Carta Orgánica municipal, en su artículo 139, permite que cualquier ciudadano de San Martín de los Andes promueva la apertura del mecanismo. Esa habilitación da curso a la petición, pero no prueba por sí misma las acusaciones ni obliga a avanzar hasta la remoción.
López atribuyó al Ejecutivo local hechos que calificó como graves, actuales y documentados. Su escrito menciona el colapso del sistema cloacal y su impacto sobre el lago Lácar, la desatención de las obligaciones económicas frente al Ente Provincial de Energía del Neuquén y obstáculos al funcionamiento de la Contraloría municipal. Esos puntos integran la denuncia que Saloniti deberá contestar; hasta la evaluación del Concejo conservan el carácter de imputaciones de una vecina.
El intendente pidió realizar su descargo al día siguiente de presentada la solicitud. El municipio explicó que se priorizó esa intervención por razones institucionales y que la intención es exponer públicamente los antecedentes, las actuaciones y las medidas adoptadas sobre cada asunto. Todavía no está definido si los concejales formularán preguntas durante la sesión, aunque esa posibilidad quedó abierta como parte del formato especial.
La acusación vinculada con la energía coincide con una negociación concreta. Saloniti viajó a la ciudad de Neuquén para reunirse con autoridades del EPEN y terminar de acordar un plan de pagos por consumos eléctricos pendientes que rondan los 1.700 millones de pesos argentinos. La existencia de esa deuda no resuelve las otras imputaciones, pero convierte el acuerdo con el organismo provincial en uno de los documentos centrales que el intendente podrá presentar al explicar la gestión económica municipal.
La discusión ocurre en un clima de tensión local: un grupo de personas intentó ingresar a la municipalidad el día anterior y luego se trasladó al Concejo, donde fue recibido por algunos ediles. La sesión del 3 de septiembre será, por lo tanto, el próximo punto institucional para ordenar el conflicto. Después del descargo, el cuerpo deberá optar entre desestimar la solicitud o habilitar el juicio político; hasta entonces, Saloniti continúa en funciones y no existe una decisión sobre su responsabilidad.
