La Legislatura de San Luis avanzó en la definición de los asuntos que podrían integrar una reforma parcial de la Constitución provincial. Las comisiones de Asuntos Constitucionales del Senado y de Diputados volvieron a reunirse en forma conjunta para estudiar el proyecto que debe declarar la necesidad de la reforma. El vicegobernador y presidente del Senado, Ricardo Endeiza, condujo el encuentro, con la participación del constitucionalista Cristian Altavilla, el director general de Enlace Parlamentario, José Giraudo, y legisladores de ambas cámaras.
Uno de los ejes propone incorporar una cláusula federal que reafirme la autonomía de San Luis en consonancia con la reforma de la Constitución Nacional de 1994. La discusión incluye el fortalecimiento de las competencias propias de la provincia, su intervención en el diseño de políticas federales y su posición en un eventual debate sobre un nuevo régimen de coparticipación. El planteo busca dejar esas facultades expresadas dentro del texto constitucional local.
La actualización también entra en el terreno tecnológico. Los legisladores analizaron derechos vinculados con la identidad digital, la protección de datos personales frente al uso de algoritmos, el acceso universal a la conectividad y las garantías de Hábeas Data. A ese conjunto se suma el acceso a la información pública como parte de un modelo de gobierno abierto y transparente, mientras la inteligencia artificial aparece como una realidad que el texto vigente no contempla de manera específica.
Otro capítulo en estudio regularía las relaciones intergubernamentales e internacionales. La propuesta busca facultar a San Luis para celebrar convenios de inversión y cooperación directa con otros niveles del Estado y con actores del exterior, dentro de las atribuciones que reconoce la Constitución Nacional. Esta definición uniría la autonomía provincial con herramientas para gestionar acuerdos más allá de su administración inmediata.
La reforma podría modificar además el mecanismo de elección del Poder Ejecutivo. En la reunión se trató la incorporación de una segunda vuelta o balotaje para gobernador y vicegobernador, presentada como un instrumento destinado a reforzar la legitimidad popular de la fórmula vencedora. Su eventual inclusión introduciría una regla electoral nueva en el orden provincial y requeriría quedar expresamente habilitada antes de que una Convención pueda debatirla.
Ese límite es una parte central del diseño institucional analizado. La futura Convención Constituyente no recibiría una autorización abierta para revisar toda la Constitución: solo podría intervenir sobre los temas que la ley de declaración de necesidad enumere de manera expresa. Incluso dentro de ese temario, conservaría la facultad de mantener sin cambios las disposiciones que considere adecuadas, por lo que la habilitación legislativa no implica automáticamente una modificación.
El proceso permanece todavía en la etapa parlamentaria. La reunión permitió ordenar contenidos sobre federalismo, derechos digitales, cooperación, sistema electoral y alcance de la Convención, pero no constituyó ni convocó al órgano reformador. El paso siguiente corresponde a las cámaras: continuar el tratamiento y resolver la declaración de necesidad con un temario preciso. Solo después podrá abrirse la instancia constituyente encargada de decidir cuáles de esas propuestas ingresarán efectivamente en la Constitución de San Luis.
