El cierre del programa Volver al Trabajo dejó de abonar desde agosto la prestación mensual de $78.000 que recibían miles de personas en San Luis y más de 900.000 en el país. El esquema había reemplazado a Potenciar Trabajo y tenía una vigencia prevista de dos años. El Gobierno nacional informó que la última cuota ordinaria había sido liquidada en abril de 2026.
Una medida cautelar del Juzgado Federal de Campana obligó luego al Ministerio de Capital Humano a mantener temporalmente los pagos hasta que existiera una alternativa de protección. En julio, la Cámara Federal de San Martín revocó esa orden. La decisión de segunda instancia eliminó la obligación cautelar desde agosto, aunque no equivale necesariamente a una sentencia definitiva sobre todas las cuestiones del proceso principal.
Antes de que el cierre se hiciera efectivo, Ivana Fernández Suárez, vecina de la ciudad de San Luis, difundió un reclamo dirigido implícitamente al gobernador Claudio Poggi. Pidió que las autoridades provinciales y municipales acompañen a las familias afectadas, escuchen sus demandas y gestionen respuestas ante el Gobierno nacional más allá de las diferencias políticas.
Fernández Suárez describió el aporte como un ingreso destinado a alimentos, medicamentos, transporte, changas, cooperativas y tareas comunitarias. La suma era insuficiente para cubrir por sí sola el costo de vida, pero su eliminación produjo una pérdida inmediata para hogares sin empleo formal estable. El testimonio expresa una experiencia personal y una demanda política; no constituye un relevamiento exhaustivo de beneficiarios puntanos.
La Nación anunció la reconversión hacia un sistema de vouchers para cursos de oficios y formación profesional. Ese mecanismo tiene una finalidad distinta a una transferencia monetaria directa y su capacidad para facilitar empleo deberá evaluarse por cobertura, oferta disponible, finalización de cursos e inserción laboral. La revocación de la cautelar habilitó el cambio, pero no demuestra todavía sus resultados sociales.
La fuente seleccionada fue publicada el 15 de julio y anticipaba una medida que ya entró en vigencia en agosto. No se informó en ese momento una prestación provincial sustitutiva ni una compensación municipal general. La discusión actual pasa por el acompañamiento a quienes perdieron el ingreso, la eficacia de la capacitación propuesta y las decisiones que adopten los distintos niveles del Estado.
