La propuesta de declarar la emergencia habitacional en Santa Cruz llegó a la Legislatura acompañada por una pregunta anterior a cualquier nueva facultad: qué ocurrió con $44.893,8 millones del Fondo Nacional de la Vivienda transferidos a la provincia desde 2024. Un relevamiento de los giros nacionales sostiene que no pudo constatar que ese dinero haya sido aplicado a viviendas ni que exista una rendición pública capaz de reconstruir su destino.
La suma surge de tres períodos de la actual administración provincial. Santa Cruz recibió $10.450,8 millones durante 2024, otros $20.631,7 millones en 2025 y $13.811,3 millones entre enero y junio de 2026. Los montos totalizan casi $45.000 millones y corresponden a recursos nacionales con finalidad habitacional, por lo que el eje de la discusión no es si ingresaron, sino qué obras financiaron y cómo fueron documentados.
El relevamiento afirma que buscó esa trazabilidad por vías oficiales y extraoficiales sin obtener comprobantes de ejecución o rendición. Esa falta de información impide concluir, solo a partir de las transferencias, que los fondos hayan desaparecido o tenido otro uso, pero sí deja abierta una obligación concreta de respuesta. Antes de ampliar las atribuciones del Ejecutivo, la controversia exige identificar expedientes, pagos, avances físicos y viviendas asociadas a cada partida.
La opacidad señalada contrasta con obras que el propio sistema provincial reconoce como pendientes. Marcelo de la Torre, presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, declaró que no hay recursos para terminar 300 casas comprometidas mediante el fondo Unirse. Otras 56 viviendas del barrio San Benito, en Río Gallegos, tampoco fueron entregadas porque carecen de servicios básicos: el sector no tiene redes de gas ni de agua.
Al mismo tiempo, la empresa estatal Santa Cruz Puede anunció que podría fabricar viviendas panelizadas de 58 metros cuadrados, con dos dormitorios, cocina-comedor y baño, por algo más de US$30.000 cada una. La coincidencia entre esa oferta y el impulso de la emergencia alimentó interrogantes sobre el mecanismo de contratación y sobre quién ejecutaría los nuevos planes. El anuncio no prueba por sí mismo una adjudicación, pero vuelve indispensable publicar reglas, costos y controles antes de comprometer recursos.
El pedido de transparencia también se apoya en antecedentes incluidos en el mismo relevamiento. Durante la emergencia administrativa de 2024, una comisión de seguimiento formuló observaciones por la falta de rendición y por compras como 60.000 kilos de leche y 45 camiones de leña. El informe agrega que tampoco pudo acceder a una rendición de la emergencia climática aprobada en 2025, lo que convierte el control posterior en una parte central del debate actual.
La Legislatura debía tratar la emergencia habitacional el 23 de julio. Para entonces, la cuestión ya no se limitaba a reconocer que faltan viviendas: debía resolver si correspondía conceder herramientas excepcionales sin haber aclarado antes el uso de los fondos ordinarios. El próximo paso verificable es la presentación de la documentación del Fonavi y de un esquema de control que vincule cada nuevo gasto con obras, plazos y beneficiarios identificables.
