La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires convirtió un conflicto salarial del receso invernal en un pronunciamiento político contra el Ejecutivo porteño. Los bloques opositores impulsaron y aprobaron una declaración de repudio por la reducción cercana al 30% en la remuneración de docentes y auxiliares que trabajan en Vacaciones en la Escuela. El reclamo comenzó después de que los participantes ya habían aceptado sus designaciones y empezado a cumplir funciones.
La controversia se originó en la diferencia entre los montos comunicados durante la convocatoria y los que finalmente serían liquidados. Una vez iniciadas las actividades, los trabajadores fueron informados de que cobrarían menos de lo previsto. La administración de la Ciudad atribuyó el cambio a un error en la información inicial y señaló que la corrección dejaría los pagos en alrededor de $530.000 para docentes y $320.000 para auxiliares.
Para los sindicatos, el problema no puede reducirse a una equivocación administrativa. Ademys y UTE sostuvieron que las condiciones salariales fueron modificadas de manera unilateral cuando el personal ya había organizado su disponibilidad para cubrir el programa. Las organizaciones calificaron la decisión como un nuevo ajuste sobre los trabajadores de la educación y realizaron protestas y acciones de visibilización para exigir que se respeten los valores originalmente ofrecidos.
El debate legislativo agregó otra dimensión al conflicto. Los autores de la declaración remarcaron que Vacaciones en la Escuela sostiene actividades educativas y recreativas para miles de chicos durante el receso, de modo que la disputa salarial también afecta la forma en que la Ciudad organiza ese servicio. Además, conectaron el episodio con reclamos más amplios sobre las condiciones laborales y presupuestarias del sistema público de enseñanza bajo la gestión de Jorge Macri.
La aprobación no modifica por sí misma la liquidación. Una declaración de repudio carece de efecto vinculante sobre la decisión administrativa y el Ejecutivo conserva la capacidad de mantener los montos corregidos. Sin embargo, el voto ofrece respaldo institucional a los gremios, desplaza la controversia desde las escuelas hacia el recinto y aumenta el costo político de sostener una reducción comunicada cuando el programa ya estaba en marcha.
El conflicto permanece abierto en dos frentes. Los sindicatos reclaman que los haberes se paguen conforme a la oferta inicial y no descartan nuevas medidas si no obtienen una respuesta. El Gobierno porteño deberá decidir si ratifica su explicación y los valores de $530.000 y $320.000 o si revisa la liquidación ante la presión conjunta de trabajadores y legisladores, mientras continúa el programa durante las vacaciones de invierno.
