La agenda legislativa del Gobierno llegó al Congreso como un conjunto amplio, pero avanza como piezas separadas y con destinos muy distintos. La reforma electoral, los cambios al Banco Central, la regulación del lobby, la salud mental, el etiquetado frontal, la venta de tierras a extranjeros, la Ley Hojarasca y los subsidios de Zona Fría dependen de alianzas diferentes. En ese mapa fragmentado, solo los 25 pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo aparecen con un camino despejado.
La reforma electoral, señalada como una prioridad de Karina Milei y La Libertad Avanza, quedó detenida después de sus primeras discusiones. El oficialismo no consiguió acordar modificaciones concretas ni reunir el respaldo de los gobernadores, que condicionan cualquier aval a negociaciones previas. Sin ese puente con las provincias, la iniciativa carece por ahora de una base suficiente para continuar su recorrido parlamentario.
La reforma del Banco Central se encuentra en una etapa todavía más preliminar: no existe una presentación formal ni una fecha de debate. A su lado, los proyectos de Ley de Lobby, Salud Mental y Etiquetado Frontal fueron presentados como una nueva tanda legislativa, pero luego quedaron guardados. La ausencia de aliados y la baja prioridad que recibieron dentro del propio oficialismo impidieron que avanzaran en comisiones o dictámenes.
La venta de tierras a extranjeros ocupa una zona intermedia entre el bloqueo y la posibilidad. Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich promovieron la iniciativa, que tiene una sesión prevista para el 6 de agosto. El Gobierno afirma que puede reunir los votos necesarios y la oposición niega ese cálculo, por lo que la fecha funciona menos como garantía de aprobación que como primera prueba concreta de la capacidad oficialista para construir una mayoría.
Otros dos frentes exhiben resistencias dentro y fuera del Congreso. La Ley Hojarasca permanece sin definición porque algunos de sus puntos generan objeciones internas y Sturzenegger se resiste a modificarlos. La reducción de los subsidios de Zona Fría, en tanto, encuentra oposición en distritos bonaerenses, donde concejos deliberantes buscan alternativas para conservar los beneficios mientras el Ejecutivo sostiene su eliminación.
El contraste aparece en las designaciones judiciales. El Poder Ejecutivo remitió 25 propuestas de magistrados y el Congreso prevé comenzar a tratarlas la semana siguiente, con acuerdos suficientes para que avancen sin grandes obstáculos. Ese consenso tiene un alcance preciso: busca aprobar nombres para cubrir cargos y no supone una reforma integral del sistema judicial, por lo que las negociaciones pueden concentrarse en cada pliego.
La secuencia muestra que el Gobierno no dispone de una coalición estable capaz de trasladarse de un proyecto a otro. Debe reconstruir apoyos según el tema, el interés de los gobernadores y el impacto territorial de cada medida. Los próximos hitos medirán esa capacidad en dos escalas: primero, el tratamiento de los 25 jueces; después, la sesión del 6 de agosto sobre tierras, mientras el resto de la agenda continúa a la espera de acuerdos, textos o dictámenes.
