Axel Kicillof reunió el 3 de septiembre a empresarios, representantes de cámaras sectoriales y dirigentes sindicales en el Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico de Morón, y convirtió el encuentro en una defensa explícita del entramado fabril bonaerense. El gobernador sostuvo que el deterioro industrial no responde a un accidente coyuntural, sino a una orientación deliberada del Gobierno nacional, y vinculó esa estrategia con el cierre de establecimientos, la pérdida de puestos de trabajo y una modificación profunda de la matriz productiva argentina.
La intervención buscó ordenar políticamente un diagnóstico que los sectores convocados experimentan en sus balances, niveles de actividad y planteles laborales. Kicillof afirmó que la situación se agrava mes a mes y que no aparecen señales de recuperación dentro del rumbo vigente. A su juicio, el programa de Javier Milei procura reducir el peso de la industria y redefinir la inserción internacional del país, con consecuencias que exceden a una rama particular y alcanzan la soberanía económica, la capacidad tecnológica y el empleo.
El mandatario contrapuso ese rumbo con las políticas que aplican otras naciones para proteger capacidades consideradas estratégicas. Señaló que la política industrial se utiliza en el mundo por razones productivas, tecnológicas y de soberanía, y rechazó que la Argentina deba aceptar una especialización primordialmente primaria. En ese marco, presentó a la industria como una base material del desarrollo y advirtió que un país con menos fábricas también pierde trabajo registrado, derechos laborales y posibilidades de sostener cadenas nacionales de valor.
La vicegobernadora Verónica Magario describió el cuadro mediante tres factores que, combinados, presionan sobre las empresas: costos de producción elevados, apertura indiscriminada de importaciones y contracción del consumo interno. Su exposición desplazó la discusión desde las declaraciones generales hacia el funcionamiento cotidiano de las plantas, donde la caída de ventas convive con mayores dificultades para absorber gastos. Magario reclamó un cambio profundo que permita recuperar la producción, el empleo argentino y una perspectiva de continuidad para las firmas afectadas.
Augusto Costa, ministro bonaerense de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, aportó la dimensión cuantitativa del diagnóstico. Aseguró que, desde la asunción de Milei, cerraron 1.597 empresas en la provincia de Buenos Aires y se perdieron más de 46.000 puestos industriales. El funcionario responsabilizó al Gobierno nacional por ese proceso y contrastó la valoración oficial de actividades especulativas con el esfuerzo cotidiano de quienes sostienen fábricas, inversiones, proveedores y empleos en un escenario de menor demanda.
El encuentro se desarrolló bajo la consigna “Con producción y trabajo, hay otro camino”, que condensó el intento del gobierno provincial de articular a empresarios y sindicatos alrededor de una agenda común. Esa convergencia no elimina las tensiones propias de cada sector, pero coloca en primer plano una preocupación compartida: la supervivencia de capacidades productivas que, una vez desmanteladas, requieren tiempo, crédito, conocimiento y demanda para reconstruirse. La reunión también funcionó como una señal de respaldo político a quienes mantienen actividad en condiciones adversas.
Kicillof sostuvo que el proceso puede revertirse, aunque advirtió que la recuperación no será automática ni inmediata. Planteó la necesidad de políticas inteligentes y soberanas capaces de reindustrializar la economía, y defendió que las decisiones públicas se orienten por sus efectos sobre la población antes que por afinidades ideológicas o personales. Con ese argumento, el gobernador buscó diferenciar la intervención bonaerense del retiro nacional y presentar a la Provincia como un ámbito de contención, coordinación y elaboración de una alternativa productiva.
El desafío que queda abierto es convertir esa coincidencia política en instrumentos que preserven empresas y empleo mientras continúe el programa nacional cuestionado. La administración bonaerense deberá sostener el diálogo con cámaras y sindicatos, identificar los sectores más expuestos y traducir el diagnóstico en medidas que puedan desplegarse dentro de sus competencias y recursos. Para Kicillof, la discusión ya no gira solamente alrededor de una caída de actividad: define qué estructura económica y qué lugar para el trabajo industrial tendrá la Argentina.
