El deterioro de la capacidad de pago de los hogares argentinos quedó acompañado por un segundo problema: el uso de mecanismos agresivos de cobranza extrajudicial. Personas endeudadas describen llamados a cualquier hora, amenazas de visitas domiciliarias, mensajes enviados a familiares o lugares de trabajo y documentación presentada como si proviniera de una autoridad. La presión no se limita a exigir el pago, sino que en algunos casos altera la vida familiar, laboral y emocional de quienes intentan refinanciar obligaciones que ya no pueden afrontar.
Una mujer de 33 años de La Matanza relató que recurrió a un préstamo informal después de que fuera suspendida la pensión por discapacidad que recibía por uno de sus hijos. Solicitó el equivalente a unos 530 dólares para cubrir gastos cotidianos; en menos de tres meses, ese compromiso pasó a cerca de 3.600 dólares mediante refinanciaciones que no logró comprender. Para pagar tomó nuevos créditos y terminó acumulando alrededor de 13.100 dólares con siete prestamistas, mientras sostenía a tres hijos mediante la venta de comida.
El cuadro excede los préstamos barriales. Las entidades no bancarias, entre ellas billeteras virtuales y firmas de crédito inmediato, concentran el 90,6% de las personas registradas como morosas, aunque representan el 26,2% del dinero total en situación irregular. Los datos del Banco Central muestran que la proporción de personas con al menos una deuda impaga se mantuvo cerca del 13,6% hasta octubre de 2024 y después aumentó hasta el 26,6% en julio de 2026. El monto irregular llegó al 18%.
La cantidad de hogares que utiliza financiamiento no exhibe un salto equivalente: se mantiene alrededor del 59% desde 2016. Lo que cambió fue la posibilidad de cumplir con los pagos, afectada por el deterioro de los ingresos y por tasas que en distintos segmentos superan ampliamente la inflación. La deuda suele cubrir alimentos, servicios y otros gastos corrientes, de modo que una refinanciación costosa puede transformar una necesidad inmediata en una cadena de obligaciones sucesivas.
Abogados y organizaciones de familias endeudadas señalan prácticas que van desde fingir la intervención de fiscales o policías hasta enviar avisos judiciales falsos y anunciar embargos que no fueron ordenados. Un hombre recibió 164 correos electrónicos y 48 mensajes de WhatsApp en dos días después de utilizar una aplicación de crédito sin registro formal en el país. Esa plataforma ofrecía una tasa del 100% por ocho días y agregaba 5% diario ante la demora, sin exigir documentación sobre la solvencia del solicitante.
El artículo 175 bis del Código Penal contempla el delito de usura cuando alguien aprovecha la necesidad, la inexperiencia o la ligereza de otra persona para imponer intereses o ventajas económicas desproporcionadas. La figura también alcanza a quien adquiere o intenta hacer valer un crédito con conocimiento de su carácter usurario. Los reclamos individuales pueden mejorar condiciones de pago o frenar abusos, pero muchas familias carecen de tiempo, recursos y acompañamiento para iniciar trámites mientras enfrentan urgencias básicas.
En la Legislatura porteña, Leandro Santoro impulsó un proyecto para modificar la regulación de la cobranza extrajudicial. La propuesta limita la cantidad de contactos, excluye la noche y los domingos, prohíbe acudir a los lugares de trabajo o involucrar a conocidos y prevé sanciones frente a documentación simulada y amenazas. En el plano nacional, el gobierno de Javier Milei mantiene la posición de que el endeudamiento corresponde a decisiones privadas y no prevé promover un programa general de desendeudamiento.
El debate inmediato se concentra así en dos frentes: contener a las personas sometidas a presión y fijar mecanismos efectivos de fiscalización. Las organizaciones advierten que la primera respuesta suele ser emocional antes que jurídica, porque quienes llegan a pedir ayuda presentan miedo, insomnio y desesperación. La discusión legislativa deberá definir qué conductas serán sancionadas, qué autoridad controlará a agencias y aplicaciones, y cómo podrán denunciar los afectados sin quedar expuestos a nuevas represalias.
