Una protesta iniciada en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B terminó extendiéndose a toda la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires. La detención de tres representantes gremiales activó un paro que mantuvo paralizadas las seis líneas y el Premetro durante más de cinco horas y trasladó un conflicto laboral al centro de la discusión política porteña.
El episodio comenzó cuando un trabajador levantó los molinetes para protestar contra una sanción laboral. La intervención de la Policía de la Ciudad modificó la escala del reclamo: el procedimiento dejó detenidos a dirigentes de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro y desencadenó la respuesta inmediata del sindicato.
Entre los arrestados estuvieron Néstor Segovia, Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia. Los tres recuperaron la libertad después de la protesta, aunque quedaron vinculados a una causa judicial. La situación convirtió la discusión por una sanción individual en un enfrentamiento entre el Gobierno porteño y la representación sindical del subte.
La medida de fuerza interrumpió por completo la circulación en la red y afectó a miles de usuarios. El servicio comenzó a normalizarse aproximadamente cinco horas después, una vez liberados los delegados. Durante ese lapso, la Ciudad quedó sin su principal sistema de transporte subterráneo y la controversia adquirió impacto metropolitano.
El bloque legislativo Fuerza por Buenos Aires responsabilizó a la gestión de Jorge Macri por la escalada. Sus integrantes sostuvieron que el Ejecutivo debió abrir una instancia de diálogo antes de ordenar detenciones y afirmaron que la respuesta policial agravó un reclamo que, hasta ese momento, estaba concentrado en la Línea B.
La AGTSyP también rechazó la versión oficial sobre el origen de la crisis. El gremio recordó que el Gobierno declaró al subte servicio esencial en junio, una categoría que restringe el derecho a huelga. Tras la liberación de los detenidos, la administración porteña intimó a la organización a garantizar una prestación mínima del 50%.
Macri, que se encontraba fuera del país en una visita oficial, respaldó públicamente el operativo y sostuvo que quienes bloqueen un servicio esencial deberán afrontar consecuencias penales. Esa definición endureció el conflicto y reforzó la disputa sobre el límite entre el cumplimiento del servicio, la protesta sindical y la intervención policial.
La reanudación del transporte cerró la emergencia inmediata, pero no resolvió el fondo de la controversia. Dellecarbonara reclamó la convocatoria a un paro nacional y dejó abierta la posibilidad de nuevas medidas. Los próximos pasos dependerán de la causa judicial, del cumplimiento del servicio mínimo y de que el Gobierno y el sindicato encuentren o no una mesa de negociación.
